La Comunidad de Madrid concentra 400.000 de los 3,1 millones de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) en España a raíz de las medidas de confinamiento doméstico decretadas junto al estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
De los 3.116.124 trabajadores afectados por los despidos temporales hasta este miércoles, 659.152 se encuentran en Cataluña; seguidos de los 457.994 de Andalucía; y de los 400.000 en Madrid, aunque esta última comunidad actualiza sus datos con más demora. Entre las tres copan cerca del 50 por ciento de las personas afectadas en todo el territorio nacional. Así se desprende de los datos recopilados por Europa Press a partir de la información ofrecida por las distintas autoridades laborales de cada comunidad autónoma hasta este miércoles 15 de abril, a los que se suman los casi 850.000 puestos de trabajo perdidos en marzo a causa de coronavirus. En total se han presentado en el conjunto del Estado 488.470 ERTEs.
Con ambos datos agregados, la cifra de trabajadores expulsados del mercado laboral tras el cierre de establecimientos, fronteras e incluso de la industria no esencial, asciende a cerca de cuatro millones de personas, a la espera de los datos de abril, lo que ha provocado un gran agujero económico en las cuentas del comercio, el turismo y la industria nacional.
No obstante, los tres millones de personas afectadas por los ERTEs volverán a recuperar su empleo una vez se establezcan las medidas necesarias para la vuelta progresiva a la normalidad, por lo que no contabilizan como desempleados, pero sí las 850.000 bajas de la Seguridad Social registradas en marzo que se contabilizan como pérdida neta de afiliación a la Seguridad Social y contribuyen al aumento del paro.
La inmensa mayoría del empleo perdido en marzo se debe a la finalización de contratos temporales, por lo que, incluso aquellos que no reúnan los requisitos necesarios para cobrar el paro, también recibirán un subsidio excepcional de 430 euros, al igual que los afectados por ERTE, con el propósito de mermar al mínimo su poder adquisitivo y favorecer así una recuperación de la economía cuando los contagios remitan por completo.
A las tres Comuniudades citadas, le siguen, en este orden, la Comunidad Valenciana, donde hasta el momento hay 351.542 trabajadores afectados; Castilla y León, con 173.148 personas; Canarias, con 195.183; Galicia, con 194.389; País Vasco, con 161.851; Baleares, con 158.000; y Murcia, con 120.000, la última región que supera esta cifra.
Por debajo de los 100.000 afectados se encuentran Castilla-La Mancha, con 75.000 trabajadores registrados en ERTE; Aragón, con 51.724; Navarra, con 37.000; Cantabria, con 35.000; Asturias, con 28.114; y Extremadura, con 17.515 personas afectadas.
El Gobierno decidió al comienzo de esta crisis flexibilizar la tramitación de estos ERTEs para que el cierre de establecimientos tuviese la menor afectación en el empleo, una vez los casos de contagios comiencen a remitir y la actividad pueda volver a la normalidad. De hecho, los ERTEs que están presentado la mayoría de las empresas son de fuerza mayor, lo que garantiza el mantenimiento del empleo, al menos, durante los seis meses siguientes a su finalización.
Los afectados tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo o 'paro', incluso si no cumplen con el periodo mínimo de cotización exigido para ello, mientras que las empresas que tengan menos de 50 empleados no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social y, el resto, tan solo un 25%, para que puedan reiniciar su actividad con más facilidades.
