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Esta semana conocíamos la propuesta de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, de crear una cadena de supermercados públicos, donde el precio de los alimentos estaría intervenido por el Gobierno. Una propuesta que algunos no han tardado en comparar con la Ley de Precios Justos impulsada hace 12 años en Venezuela por Hugo Chávez y que fue deficitaria durante más de una década.

Según Belarra, estos supermercados públicos ofrecerán precios más bajos a las familias, y condiciones laborales dignas a sus empleados, así como mejores preciso a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales.

La ministra propone crear esta cadena pública para acabar con el oligopolio que, según su opinión, ostenta el empresario Juan Roig, propietario de Mercadona.

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La medida, y su nombre, “Ley de precios justos”, coincide plenamente con la impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez en 2011, para fijar los precios máximos en los supermercados.

La Ley de precios justos fue afianzada por Nicolás Maduro con la intención de limitar los márgenes de beneficio para los comerciantes al 30%, y ayudar a mantener la red de supermercados públicos llamados Abastos Bicentenario.

La red fue deficitaria durante los diez años que duró. Al desaparecer en 2019, dejó a más de 10.000 trabajadores en la calle.