Rechazado el recurso de una familia que ocupó una vivienda y cuyo desahucio se suspendió por la pandemia
- El alto tribunal cree que se tomaron "la justicia por sí mismos y con desprecio" a personas en una situación similar o peor
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por la familia con un menor a su cargo que ocupó ilegalmente una vivienda pública y cuyo desahucio se suspendió temporalmente por las restricciones derivadas de la pandemia.
En una sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el escrito de la familia, dirigido contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que revocó un auto de desahucio en una vivienda de promoción pública ilegalmente ocupada para acordar suspenderlo mientras estuviera en vigor el estado de alarma.
La familia, recoge el TS en el fallo, estaba integrada por un hombre con una pensión por incapacidad permanente de 1.179 euros mensuales, su pareja embarazada y un hijo menor de un año, diagnosticado de hemofilia.
Un 20% de los inmuebles de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad estan ocupadas
Un juzgado de Huelva autorizó a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la entrada en la vivienda de promoción pública que había sido ocupada por los recurrentes sin título legal para ello.
La familia recurrió el auto de desahucio y el TSJ de Andalucía estimó en parte su recurso, suspendiendo la ejecución de la entrada hasta que no finalizase el estado de alarma declarado por razón de la pandemia.
La nueva Ley de vivienda provoca disparidad de opiniones entre los afectados
La Sala lo Contencioso del TSJA valoró que se trataba de un caso límite y que había que ponderar los derechos en conflicto. Consideró entonces que, en pandemia, la situación de vulnerabilidad de una familia con un menor era mayor y, por tanto, acordó dejar en suspenso la ejecución de la entrada en el domicilio mientras estuviera en vigor el estado de alarma. La familia recurrió esa sentencia ante el Supremo y solicitó que quedara sin efecto la orden de desalojo de la vivienda al entender que el TSJ no había ponderado la situación de los menores afectados por el desalojo y que no se habían adoptado las medidas necesarias para su protección.
