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Las cautelarísimas pedidas al Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que declare la nulidad de los autos del Tribunal Supremo que suspenden la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, sigue dando que hablar.

Muchos juristas dudan de que Gabilondo tenga competencias en este asunto.

El argumento defendido por el Defensor del Pueblo está perfectamente alineado con las tesis del gobierno: que los reconocidos por la aplicación laxa de la ley de nietos que fijó en su instrucción la hermana de Oscar Puente, son españoles y se les priva de un derecho fundamental.

Pero las dudas jurídicas son abundantes.

La primera: si el defensor del pueblo tiene competencias; al haberse suspendido cautelarmente el proceso, los llamados nietos no son ni españoles ni residentes en España.

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La ley orgánica del Defensor del Pueblo se lo permite, otra cosa es la capacidad del Constitucional. El procedimiento en el Supremo está en fase de suspensión cautelar. El Constitucional estaría entrando en un proceso que aún no ha terminado

Y todo esto, sin tener en cuenta los defectos de forma en el recurso que evidencian las prisas de la maniobra.

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Por otra parte hoy hemos conocido además que Pedro Sánchez ha nacionalizado a mexicanos con padres nacidos en México antes de 1920.

Iustitia Europa ha pedido en otro recurso que se respete la decisión del Supremo.

El presidente de Iustitia Europa, y abogado que dirige la estrategia jurídica de la formación, Luis María Pardo, acusó a Pedro Sánchez de llevar esta cuestión "a un terreno institucional peligrosísimo".

"Después de que el Estado recurriera y perdiera ante el Supremo, se pretende ahora que una decisión constitucional cautelar y sin escucharnos produzca el efecto práctico que no se obtuvo en la jurisdicción ordinaria. Nosotros vamos a defender la legalidad, la separación funcional de las jurisdicciones y la eficacia de las resoluciones del Supremo hasta el final", indicó.

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A su juicio, el presidente el Gobierno busca "una vía para revertir las cautelares". Para Iustitia Europa, Sánchez quiere "empujar el conflicto a una crisis institucional, entre poderes del Estado". "Una cosa es el control constitucional y otra sustituir provisionalmente el juicio del Supremo", concluyó.

Este lunes se reúne el Constitucional de Conde Pumpido para decidir.