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La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno central a que explique la financiación de las nuevas medidas adoptadas en materia de vivienda por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que modifican los programas de ayudas del Plan Estatal de Vivienda, como consecuencia de la crisis del coronavirus.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, sostiene que estas medidas que quiere llevar a cabo el Gobierno central no se pueden repercutir sobre el Plan Estatal de Vivienda, porque las comunidades autónomas tienen ya prácticamente comprometido este dinero para los distintos programas que desarrollan.

“Si el Gobierno central no aclara la financiación de esas medidas, serán papel mojado”

“Si el Gobierno central no aclara la financiación de esas medidas, serán papel mojado”, considera Pérez en un comunicado emitido este domingo.

Además, añade, “de llevarse a cabo con partidas de ejercicios posteriores, el dinero habría que detraerlo de otros sectores preferentes, y la Comunidad de Madrid debería adelantar el dinero".

Por ello, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si pretende imponer el coste de estas ayudas a las Comunidades Autónomas.

La orden, publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' el 11 de abril, que incorpora, sustituye y modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2011, establece que las viviendas de titularidad privada podrán ser utilizadas por personas vulnerables al haber sido éstas desahuciadas, por ser víctimas de violencia de género o carecer de hogar debido a otras circunstancias.

Deben ser convenientemente clarificadas con rapidez para evitar una “interpretación errónea”

El consejero de Vivienda señala la necesidad de que estas medidas sean convenientemente clarificadas con rapidez, ya que "el texto puede acarrear uns interpretación errónea y generar inseguridad jurídica, al entenderse que las Administraciones Públicas tienen la potestad de disponer de las viviendas privadas que considere, para ponerlas a disposición de los colectivos señalados, sin que medie la voluntad de sus propietarios, o de quienes tengan otro título legítimo sobre ellas".

"Debemos entender que las viviendas en cuestión que sean de titularidad privada y susceptibles de ser utilizadas para el fin previsto, deberán ser cedidas o arrendadas previamente por sus legítimos titulares de manera voluntaria, salvo que ellos decidan otra cosa, y recibiendo por ello la renta que se pacte", añade.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por su parte, ha aclarado hoy que el nuevo programa de ayudas al alquiler a las víctimas de violencia machista y personas desahuciadas para minimizar el impacto de la Covid-19 "no permite la expropiación de viviendas vacías ni de segundas residencias".

"El programa establece, en su artículo 4.3, que las Comunidades Autónomas "pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración, aunque mantenga la titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión o de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido a derecho".

La orden “podría ir contra nuestro ordenamiento jurídico y de la Constitución Española"

Según el titular de Vivienda del Gobierno regional, la orden ministerial adolece además de la suficiente claridad "ya que podría ir contra nuestro ordenamiento jurídico y de la Constitución Española", porque en regiones como la Comunidad de Madrid las competencias en esta materia están transferidas.

Cesión voluntaria de los propietarios de los pisos

Pérez considera también que esta normativa crea "incertidumbre" por entenderse que, además de los directos beneficiarios, las entidades públicas de vivienda podrán suscribir los contratos de arrendamientos con los titulares de las viviendas.

El Ejecutivo madrileño es partidario de que sean los propietarios de los pisos quienes los cedan de manera voluntaria y reciban por ello la renta que se pacte, concluye el consejero de Vivienda madrileño.