Los puntos polémicos de la ley de Seguridad Ciudadana que saca a la calle a policías y guardias civiles

Polémica con la llamada Ley Mordaza. La reforma que impulsan PSOE y Unidas Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de ERC y que ha vuelto a sacar a la calle a miles de policías y guardias civiles en una nueva protesta en Madrid.

La manifestación, en la que han participado alrededor de 3.500 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, ha sido convocada por JUSAPOL, junto al sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus respectivos cuerpos, y ha estado apoyada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

En un manifiesto conjunto, policías y guardias han advertido de que "legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales".

Acompañados de un estruendo de pitos y silbatos, han rechazado que se les pueda quitar el principio de autoridad, la presunción de veracidad y los medios necesarios para garantizar el orden público y que se les "fiscalice y se les condene" por hacer su trabajo, abriendo la puerta a que se les grabe y se cuelguen sus vídeos en las redes sociales.

Frente a la reforma han reclamado más medios humanos y materiales, que se mantenga la obligatoriedad de comunicar las manifestaciones, que se permitan los cacheos y que no se rebajan las sanciones económicas.

Puntos polémicos de la ley

Entre los puntos que establece la nueva norma, destacan lo sindicatos, está:

• a limitación del uso de material antidisturbios.De este modo se va a prohibir prácticamente el uso de pelotas de goma sin que los agentes tengan otras alternativas para poder defenderse en situaciones de peligro manifiesto.
• El testimonio de los policías pierde fuerzafrente a la del ciudadano. Se exigirá a los agentes que su versión resulte coherente, lógica y razonable.
• Se eliminan las sancionespor la toma y difusión de imágenes de la policía, cuando no afecten al derecho a la intimidad.
• Se reduce eltiempo de detención sin justificación, que pasa de 6 a 2 horas. Una vez pasado ese tiempo, los agentes tendrán que devolver al detenido al mismo sitio donde fue apresado.
• Se restringe la posibilidad de sancionar la captación o difusión de imágenes y vídeos de manifestaciones. 

Los sindicatos policiales argumentan que los cuerpos cuentan con muy pocos efectivos y “no son taxistas para retornar a nadie”. Por todo ello consideran que la reforma recoge aspectos que menoscaban su autoridad, a la vez que se favorece a los delincuentes.

El vicesecretario de Institucional y portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, se ha mostrado "seguro" de que el Gobierno que comparten PSOE y Unidas Podemos quiere reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', "para preparar la calle para cuando gobierne el Partido Popular" y favorecer así manifestaciones sin autorización, ocupación de viviendas o entradas irregulares de inmigrantes a territorio nacional.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, se ha mostrado contrario a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, por considerar que "va a poner alfombra roja a los delincuentes" y ha reiterado que el Partido Popular de Madrid estará "siempre en contra de quienes pretenden maniatar a policías y guardia civiles".

Así lo ha expresado en la manifestación de este sábado contra la reforma de la ley, convocada por el sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus cuerpos, a la que se ha sumado CSIF en representación de las policías locales y los funcionarios de prisiones, y que ha discurrido desde Neptuno a Cibeles.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, defendió este sábado que la ‘Ley Mordaza’ debería dar herramientas suficientes” a la policía y consideró que su reforma la “criminaliza” y dejará “desprotegido” al ciudadano.

En declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en una manifestación, Bal insistió en que dicha normativa “debería dar herramientas suficientes” a quienes consideró unos “grandes servidores públicos que velan por los derechos fundamentales y por la seguridad ciudadana” y lamentó que el Gobierno está haciendo “exactamente lo contrario” poniendo la reforma “en manos de sus socios más críticos, más adversarios, más enemigos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en referencia a Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.

“Con esta ley lo que se hace es criminalizar a la policía”, advirtió, para defender que, con ella, "nos encontramos con que los sospechosos son los policías”, que se encontrarán “fuertemente desprotegidos respecto a las herramientas que pueden utilizar para el mantenimiento de la seguridad ciudadana”.