Los indicios de los cuatro delitos que podría haber cometido Begoña Gómez

El juez Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El auto del juez detalla los indicios por las que se atribuyen estos cargos y en el que concluye que Begoña Gómez usó su "condición de 'esposa de' para lograr un "cambio radical" en su trayectoria profesional" e “impulsó la captación de fondos privados para su patrimonio personal”.

Señala el magistrado en un auto de 84 páginas que existen indicios suficientes para que un jurado popular decida el destino de la mujer del presidente del Gobierno.

La acusación de tráfico de influencias dice que Begoña Gómez usó su posición y sus relaciones para recibir un trato especial tanto de la universidad Complutense como de varias empresas.

Según la investigación, aprovechó su relación evidente con el Gobierno para crear la cátedra, conseguir apoyos de empresa y agilizar trámites.

"Los hechos indiciariamente atribuidos a Gómez pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional", argumenta el instructor.

Peinado sostiene que, tras la investidura de Sánchez, "se produce un cambio radical en la trayectoria" de su esposa, aduciendo que "apenas dos meses después" de abandonar la empresa en la que trabajaba "fue nombrada directora del IE Africa Center".

Y remarca que la iniciativa para crear la cátedra "no" se canalizó "por los cauces ordinarios internos desde un primer momento", sino que vino precedida de, "al menos", una reunión mantenida por el rector de la UCM, Joaquín Goyache, "en el Palacio de la Moncloa".

Tras este encuentro, Peinado manifiesta que Goyache "trasladó al vicerrector la instrucción, en términos literales, de que 'tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente'".

Así las cosas, asegura que Gómez "proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público".

"De este modo, la captación de fondos para la cátedra no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino como una manifestación más del circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación que se fue tejiendo en torno al proyecto impulsado por Gómez", expone.

Sobre el delito de corrupción en los negocios, el juez cree que el dinero y el patrocinio aportados por grandes empresas y consultoras al proyecto, incluido el desarrollo de un software, podrían haber ocultado pagos o favores.

La acusación sostiene que estos apoyos no se debieron solo a razones académicas, sino a la relación de Gómez con altos cargos y a los intereses de esas empresas en contratos públicos.

Entre estos encuentros destaca las reuniones con el empresario Barrabés en Moncloa, estando presente en algunas de ellas Pedro Sánchez, o el rector de la universidad, Joaquín Goyache.

Sobre el delito de la malversación de caudales públicos, el juez señala que Gómez habría usado recursos humanos y materiales pagados con dinero público para actividades privadas y de empresa. Esto involucra a la asesora Cristina Álvarez, amiga de Gómez que entró a trabajar a la Presidencia del Gobierno.

Junto a su citación, el juez Peinado ha impuesto varias medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez. Estas incluyen la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse dos veces al mes ante el órgano judicial. El magistrado ha señalado que cree que existe riesgo de fuga y que pueda aprovechar para ello a sus escoltas.