En la víspera del aniversario de la Constitución y en pleno debate sobre las leyes de la Transición, recordamos la que propició la llegada de la Democracia.
La Ley para la Reforma Política, que permitió eliminar estructuras del franquismo desde un punto de vista jurídico, fue aprobada por mayoría en noviembre de 1976 por las Cortes.
Sometida a referéndum un mes después, el 94% de votos fueron a favor, fue el segundo gran hito de la transición, después de la proclamación de Don Juan Carlos como Rey.
El camino hacia la Democracia
Al morir, Franco recibió el homenaje de decenas de miles de personas que, durante dos días, desfilaron ante su féretro abierto. Pocos podían sospechar que, un año después, el régimen franquista se enterraría asimismo.
El presidente Carlos Arias Navarro dimitió cuando las Cortes rechazaron su tibio plan para la reforma política. Además, conocía de sobra que el Rey, al hilo de lo que el mismo había dicho al jurar su cargo, quería reinar para todos los españoles, y Arias Navarro era un evidente obstáculo en su proyecto.
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Para ponerlo en marcha y abordar una reforma que, dentro de la legalidad, supusiera una especie de harakiri para el régimen, eligió a dos hombres, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, y a Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes.
Los tres tenían claro que había que progresar desde la estructura de un Estado autoritario hacia un sistema democrático, y que la transición debía realizarse de manera pacífica.
Suárez recibió dos presiones formidables y opuestas, la del búnker, procuradores irreductibles contrario a cualquier reforma que fuese contra el régimen, y la de la platajunta, en la que se congregaba la oposición.
Para lograr que la reforma no chocara con la legalidad, Fernández-Miranda redactó la reforma como una Ley fundamental, la última del franquismo.
Fueron días de reuniones y negociaciones clandestinas al margen de las Cortes, en las que lo que intentaba salvaguardar era que la reforma implicara el reconocimiento de la soberanía del pueblo, elecciones democráticas y el referéndum como fórmula para ratificar asuntos de interés nacional.
El 18 de noviembre de 1976, con el apoyo de 425 de los 531 procuradores, se aprobó la Ley para la Reforma Política. Un mes después fue sometida a referéndum. Con una participación del 77% del censo, logró un 94,17% de votos a favor. Landelino Lavilla, ministro de Justicia, defendió la Ley en nombre del Gobierno
La consecuencia inmediata de la aprobación de la Ley fue la celebración de las elecciones generales el 15 de junio de 1977, las primeras celebradas libres en cincuenta años, y la consolidación así de la democracia.
