Los afectados por la venta de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondos buitre deben esperar meses hasta saber si la vivienda es nula. Aun así, están confiados en que sirva para paralizar algunos desahucios inminentes.
Llevan muchos años de oscuridad y de angustia. En el caso personal de Ana Isabel, de Parla, pasó de 110 a 500 euros de alquiler, sin trabajo y con dos hijas. Tiene una orden de desahucio para el 16 de enero.
Su abogado dice que la sentencia del Tribunal Supremo paraliza los desalojos. Para el resto, los abogados piden cautela. El Supremo ha de comunicar el fallo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y éste al juzgado 29 de los contencioso, que será quien ejecute la sentencia.
