El juez Manuel García-Castellón ha tenido que interrumpir la declaración de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Crisitina Cifuentes al ser avisado de que el audio de la comparecencia estaba siendo transmitido en directo a la sala de prensa de la Audiencia Nacional.
Han sido los propios periodistas los que han avisado a los servicios técnicos de la Audiencia de que el sonido estaba siendo transmitido y ante la imposibilidad de solucionar el problema se ha avisado al juez que ha suspendido temporalmente la declaración. En esos primeros minutos, la Fiscalía Anticorrupción preguntaba a la expresidenta por el organigrama del PP madrileño.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional -a cuya sede llegó a las 16.50 horas- ante el juez que investiga el 'caso Púnica', para aclarar si tuvo algo que ver en la adjudicación irregular del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco.
Cifuentes comparece por su presunta participación en la financiación irregular del PP mediante la adjudicación de contratos amañados y en concreto por el del servicio de "cafetería, cocinas y comedores" de la Asamblea de Madrid al Grupo Canto Blanco del empresario y ex presidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.
En 'Púnica' se estudia su participación en "el concierto", junto a la funcionaria Tatiana Recoder, en "el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco".
Cifuentes presidía la mesa de contrataciones y formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes. Sin embargo, la ex presidenta "no disponía de experiencia en la valoración de los criterios para la adjudicación de un servicio de restauración", según consta en el auto de imputación. Además, dicha sesión fue presidida por Cifuentes que votó a favor de la aprobación del informe técnico que ella misma emitió, lo que contraviene a la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas.
La Fiscalía defiende que el PP madrileño se benefició de financiación irregular, desviando fondos públicos al pago de gastos a privados de la organización y de sus dirigentes. Una actividad de la que cree que Cifuentes no pudo estar "ajena". Dentro de ese entramado inscribe la adjudicación de la citada cafetería de la Asamblea autonómica o las adjudicaciones de contratos públicos a Indra a cambio de comisiones.
