La Fiscalía Europea cita a Begoña Gómez como testigo en su investigación a Barrabés

La Fiscalía Europea ha citado a Begoña Gómez a declarar como testigo en la investigación abierta al empresario Juan Carlos Barrabés y a un directivo de Red.es por denuncias de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en varios contratos que recibieron la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha aludido a esta citación en el recurso de reforma presentado contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que propuso que un jurado popular asuma el procedimiento contra Begoña Gómez, que se investiga en un juzgado madrileño.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la citación recibida por la mujer del presidente del Gobierno, sin concretar en qué fecha está citada como testigo.

La defensa de Begoña Gómez ha empleado esta citación, en calidad de testigo, para subrayar que la esposa de Pedro Sánchez no está siendo investigada por los contratos adjudicados a empresas de Barrabés, a los que sin embargo el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid alude en su auto, pese a no forma parte del procedimiento.

La Fiscalía Europea asumió la investigación de estas denuncias porque afectaban a la adjudicación de diversos contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiadas por el Fondo Social Europeo, dado que esta institución es la encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.

La investigación de la Fiscalía Europea fue iniciada en mayo de 2024, en ella se han elaborado diferentes pesquisas y en la causa han sido citados como investigados el empresario Juan Carlos Barrabés y a un directivo de Red.es.

Juan Carlos Barrabés fue director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez y fue beneficiario de varios contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos.

La Intervención general del Estado concluyó que las cartas de recomendación en su favor incrementaron injusta e ilegalmente su puntuación.