El juicio de las mascarillas, visto para sentencia por el Tribunal Supremo

El juicio de las mascarillas ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo este miércoles.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos hizo uso de su derecho a la última palabra en el 'juicio mascarillas' para denunciar los "juicios paralelos" que se usan para "intoxicar" los procesos judiciales. "Toda esta causa estaba predeterminada. Todo el proceso ha ido con esa predeterminación acompañado con la presión mediática", y señaló que le parece "pura melancolía hablar del derecho al honor. Es imposible defenderse".

Por su parte, Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, pedía disculpas y aseguraba estar "totalmente destrozado, personal, social, mediática y laboralmente". "No tengo dinero. No he recibido ninguna dádiva. Me he matado a trabajar". "Ustedes pueden decidir que esté en la cárcel diez años. No podré pasear. No podré llevar a mi hija al colegio". Insistió en que nunca recibió dinero de Víctor de Aldama, al que ayudó "en todo lo que pude. En todo. No he aceptado ni un solo euro del señor Aldama. No tengo nada. Una furgoneta de 18 años, una moto, hipotecas. He dormido en el coche. Mi suegra me ha pagado el colegio de mi hija…", acabó confesando.

Los últimos alegatos del también exdirigente socialista y quien fuese su más estrecho asesor (Aldama ha renunciado a su turno de última palabra) han puesto la guinda final a un juicio que arrancó el pasado 7 de abril y en el que los tres están acusados de conformar una trama de amaño de contratos de mascarillas a cambio de presuntas mordidas.

JORNADA DE CONTRASTES Y CONCLUSIONES

La corrupción carcome la democracia esa la verdadera gravedad de lo que ha ocurrido. Era la conclusión del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón que justificaba así las altas penas que pide para Ábalos y Koldo, considera probado el enriquecimiento ilícito, la organización criminal nada menos de que desde lo más alto de un gobierno.

24 años de cárcel para Ábalos, 19,5 para Koldo García y 7 para Víctor de Aldama para quien reconoce su colaboración y considera "posible" y "admisible" rebajar aún más la posible condena.

Por su parte el abogado de la acusación popular, Alberto Durán subrayaba la gravedad de las actuaciones corruptas que se juzgan practicadas por una trama que, según ha subrayado, se lucró con la enfermedad en la pandemia de la covid. "No es la primera (organización) ni será la última que lo hace", pero "sí es la primera vez en una situación gravísima, la de la covid-19", ha añadido. Porque, según ha señalado, mientras miles de personas morían, ellos "se lucraban", y mientras la sociedad estaba confinada, ellos "falsificaban pases de movilidad, llenaban furgonetas y coches oficiales de señoritas o 'sobrinas', colocaban a sus amantes o buscaban residencias vacacionales para que el señor ministro se relajara".

Pedía 30 años para Ábalos y otros tantos para Koldo mientras que para Aldama reclama 5,2 años en vista de su colaboración con la Justicia.

La defensa del empresario Víctor de Aldama, mira para otros lado. Su abogado, José Antonio Choclán, asegura que "Aldama no constituye, no crea, no es el jefe". No constituyó ninguna trama de corrupción, sino que se integró y "se le capta" en una que estaba ya "plenamente asentada". "Víctor es la persona que llama a la puerta para decirles, 'oye, si quieres una obra pública, vas a tener que pagar una comisión'. Era un recaudador de fondos, fondos entregados a Koldo y a Ábalos", ha remachado.

Dicho eso, pone en valor su "colaboración" para destaparla frente "al aparato estatal". "Eso requiere un premio", ha demandado el abogado. El abogado ha insistido en que Aldama ha colaborado "aportando información veraz, complementando los informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y "abriendo nuevas líneas de investigación". Según el letrado, gracias a esa colaboración "se ha demostrado la existencia de hechos mucho más graves" y "se han identificado a otros miembros" próximos al PSOE y al Gobierno, como al exsecretario de Organización de los socialistas Santos Cerdán.

La abogada de Koldo García, la letrada Leticia de la Hoz, negó este miércoles la pertenencia de su representado a una organización criminal que habría estado en funcionamiento desde 2015, y, a lo sumo, si tal organización hubiera existido, su cliente sería "como muchísimo un cooperador no necesario".El que sí "tiene una organización criminal" es Aldama, sentenció.

En este sentido, recordó que el empresario "ha confesado que pertenece a una organización criminal y por algo será" y acabó señalando que "hay un elefante rosa en la habitación del que nadie habla" que es "el blanqueo de capitales", que no se juzga en esta vista.

Sobre los pagos mensuales de 10.000 euros que recibió Koldo durante más de año y medio de Aldama, la abogada dijo que los apuntes del empresario en los que constaba "K 10.000" podrían responder a "10.000 cosas" y, en concreto, la "K" podía identificar, por ejemplo, a Koldo Ibarra, uno de los socios de Aldama, o a otras personas que constaban en sus agendas como Karmina o Ketty.

Además, insistió en que el dinero en metálico que manejaba su cliente no provenía de fondos irregulares y el uso de efectivo "es legal".

En relación con el pago del alquiler a Jéssica Rodríguez, la abogada argumentó que Koldo se limitó a apoyar a su jefe, después de que la mujer chantajeara al exministro con hacer públicas sus fotos juntos. "¿Qué hizo Koldo? Proteger a su jefe. Sacar dinero de la cuenta de su hija y de la personal" sin recibir beneficio alguno.

En cualquier caso, recordó, "aquí no estamos para juzgar si al señor Koldo y al señor Ábalos les gustaban las mujeres", ni tampoco para averiguar "si Koldo engañaba al partido e iba recogiendo tiques por el suelo, este no es problema de esta sala, lo será del PSOE con Koldo, pero él traía unos tiques, unas facturas", que se le pagaban en el partido.

Por su parte, el abogado de José Luis Ábalos, Marino Turiel, denunció la indefensión de su cliente ante la negativa de los jueces a dar acceso a su defendido a los dispositivos electrónicos intervenidos a los acusados y defendió la legalidad de los contratos de mascarillas.

El abogado insistió en que esta causa "no tiene más evidencia que los correos y las declaraciones del señor Aldama" y defendió que los contratos de compra de mascarillas se ajustaron a la legalidad y "no admite discusión jurídica".

Sobre las contrataciones de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, el letrado insistió en que no hay ninguna evidencia de que el ministro presionara a ningún directivo o que recibieran instrucciones. Así, recordó que ninguno de los representantes de Adif, de Ineco o de Logirail dijeron haber recibido indicación alguna y se limitaron a canalizar el currículum de las aspirantes. Sólo el gerente territorial norte de Logirail dijo haber recibido llamadas intimidatorias, pero fueron de Koldo García, dijo.