El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima el recurso de Junqueras, Turull y Sánchez por su detención
- Deja en vía muerta la denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, desestimó este lunes el recurso presentado por los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras para elevar a la Gran Sala su demanda por su detención durante el 'procés', confirmaron a EFE fuentes de la corte.
Una decisión que deja en vía muerta esta denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017.
El Colegio de la Gran Sala, formado por cinco jueces y encargado de determinar qué casos llegan a la máxima instancia del TEDH consideró que no hay motivos para elevar esa causa.
La sala ya había rechazado el pasado 6 de noviembre la demanda de los denunciantes al considerar que no se habían vulnerado ninguno de sus derechos durante el tiempo que pasaron en prisión provisional.
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En concreto, Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue detenido el 16 de octubre de 2017, mientras que Jordi Turull, conseller de la Generalitat, y Junqueras, número dos del Ejecutivo autonómico de Cataluña (nordeste de España), lo fueron el 2 de noviembre de aquel mismo año.
En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo argumentaban que aquella privación de libertad lesionaba sus derechos políticos, ya que les impidió hacer campaña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 y, posteriormente, acudir a las sesiones del Parlament al que fueron elegidos.
En su sentencia del 6 de noviembre, adoptada por unanimidad, el TEDH concluyó que no hubo "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisiones de la justicia española y estableció que los tres líderes independentistas eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que no se podía "razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".
Consideró que la justicia española ponderó los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública y que trató de mantener la equidad parlamentaria pese a su estancia en la cárcel.
Al tiempo, estableció que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".
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Turull denunciaba, asimismo, que su ingreso en prisión le impidió ser investido presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
El exconseller fue liberado el 4 de diciembre y vuelto a poner en arresto provisional el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido y un día antes de que se celebrara una segunda votación, a la que no pudo ya asistir por encontrase encarcelado.
Estrasburgo indicó que las pruebas presentadas no respaldaban la conclusión de que la segunda orden de prisión preventiva dictara contra él hubiera sido arbitraria con el único fin de impedirle ser investido, al tiempo que rechazó que el plazo de resolución de su recurso de amparo vulnerara sus derechos.
