El Gobierno endurece los criterios para la creación de nuevas universidades privadas

A partir del 27 de octubre entra en vigor la nueva ley de creación y reconocimiento de universidades y centros superiores de educación, que contempla criterios más exigentes en docencia, investigación y suficiencia financiera y que busca elevar la calidad de los grados, doctorados y másteres que imparten todas las universidades.

Al menos 4.500 alumnos en sus primeros seis años; una oferta académica mínima o un aval bancario que asegure su viabilidad son algunas de las condiciones que deberán cumplir además de una exigencia prioritaria: la investigación en todas las universidades.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, justificaba este real decreto asegurando que "había un real decreto que establecía cuáles eran los requisitos para las universidades, pero las comunidades autónomas se lo han saltado a la torera" por ello ha apostado por obligar a las autonomías a tener en cuenta la acreditación de las agencias de calidad.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que impugnará el real decreto de creación de universidades por ser "un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación" y ha avanzado que se opondrán "con todas las herramientas legales" que tienen a su alcance, según ha manifestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.