Caso Lezo: Ruiz-Gallardón defiende la legalidad de la compra de Inassa y Manuel Cobo apunta a una "operación política"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido este martes con rotundidad la legalidad y rentabilidad de la operación.

Durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del primer juicio del caso Lezo, Gallardón ha asegurado que la adquisición de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 contó con todos los informes técnicos favorables y "en ningún momento hubo ocultación".

Ante el tribunal, el exdirigente madrileño ha rechazado de plano que la operación generase un sobreprecio indebido o un perjuicio para las arcas públicas, tal y como sostiene la Fiscalía.

Según el testimonio de Gallardón, el Consejo de Administración del Canal (un órgano calificado por él como "muy plural" que incluía a empresarios, sindicatos y representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, incluido el PSOE) aprobó la compra y recibió el visto bueno de la Cámara de Cuentas y de la Asamblea de Madrid sin objeciones.

Manuel Cobo apunta a una "operación política"

La sesión de este martes también ha contado con las testificales de los exconsejeros Manuel Cobo y Luis Peral. En su intervención, Cobo ha ido un paso más allá y ha denunciado que el origen de esta causa judicial responde a una "operación política" orquestada contra Ruiz-Gallardón por su compañero de partido Ignacio González cuando este era vicepresidente regional bajo el mandato de Esperanza Aguirre.

Cobo ha aludido a conversaciones grabadas por la Guardia Civil entre dirigentes del PP para señalar que se encargaron informes posteriores a despachos de abogados con el fin de empeorar artificialmente la valoración de aquella compra y perjudicar la imagen política del expresidente autonómico.

La acusación de la Fiscalía

La vista oral juzga la compra del 75% de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

La Fiscalía sostiene que la operación se ejecutó de forma indirecta a través de una firma panameña apartándose de la autorización inicial del Consejo de Gobierno, lo que habría provocado un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros con cargo a fondos públicos. Frente a ello, Gallardón ha sostenido que la operación se financió sin incrementar el endeudamiento y reportó plenos beneficios para el servicio público.