Vídeo: GEORGINA MELLADO | Foto:Telemadrid
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Los agricultores denuncian la desproporción que hay entre el precio al que venden su producto en origen y el precio de venta al público. Del campo al mercado se disparan. Por ejemplo, la patata: por cada kilo de patata se le paga al agricultor 15 céntimos.

En el proceso hasta el consumidor el precio se multiplica por 8, hasta venderse a 1,20 euros el kilo.

Apenas 20 céntimos para el agricultor

El precio ha subido un 700% Lo mismo ocurre con otros productos. Por un kilo de cebollas, el agricultor cobra 20 céntimos. El consumidor paga 1,47 el kilo. Un 625% más. El margen comercial en la naranja alcanza un 574%. El agricultor recibe 23 céntimos por kilo, y en el mercado se compra a 1,92 euros, siete veces más.

Jaime, agricultor extremeño, conoce el sector. Asegura a Telemadrid que son las grandes superficies quienes fijan los precios. Son ellos, asegura, quienes eligen comprar más barato. Por eso muchas veces, dice, lo que nos encontramos en el supermercado son productos de fuera y de peor calidad. Es el caso, por ejemplo, de los tomates.

Comprar producto nacional

Los encontramos de España y de Portugal. Los segundos, más baratos. Lo mismo ocurre con las patatas. Las tenemos de España y de Francia. Y, aunque las francesas son peores, muchos consumidores reconocen que son las que compran.

Para tratar de ayudar al sector agrícola y ganadero de nuestro país, dicen los propios afectados, deberíamos intentar comprar más producto nacional y menos de fuera. De esta manera, insisten, le daríamos más valor al producto. Las asociaciones de consumidores exigen que desde el productor hasta el vendedor, todos los intermediarios, reciban un precio justo.

Mentiras sobre hábitos

Además piden terminar con las mentiras sobre los hábitos de consumo españoles. Hay quienes aseguran que elegimos la fruta y la verdura en función de lo brillante y bonita que esté presentada, pero la realidad, insiste la OCU, es que la calidad es, al final, la que nos hace decidirnos por un producto u otro.

Los ciudadanos temen que, de producirse finalmente esa regulación de los precios, acabe repercutiendo en la cesta de la compra.