Tensión entre el Gobierno y las comunidades del PP por los centros de acogida para menores migrantes

Nuevo desencuentro entre el Gobierno y las comunidades del PP, esta a vez a cuenta del reglamento por el que se deben regir los centros de acogida para menores. Dicha desavenencia se ha escenificado en el Consejo Interterritorial de Infancia, en el que sí se ha aprobado un reparto de fondos para las comunidades más afectadas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el Gobierno ha acelerado la reubicación de menores migrantes y ya ha tramitado cerca de 200 expedientes de acogida para trasladarlos desde Canarias, Ceuta y Melilla a la Península.

Rego, que ha criticado el "bloqueo sistemático" de algunas comunidades gobernadas por el PP en cuestiones de reubicación y estándares de protección, ha destacado que el proceso de reubicación es complejo porque requiere la coordinación entre las comunidades autónomas y varios ministerios, pero ha asegurado que se ha estado realizando en buenas condiciones.

Asimismo, la ministra ha asegurado que el Gobierno aprobará próximamente un Real Decreto para garantizar centros de menores con condiciones mínimas de plazas, personal y ubicación.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha advertido de que su región no puede acoger "ningún menor más" del "reparto forzoso" por sorteo y contra la voluntad de los menores, porque sus centros están "absolutamente colapsados".

Así, Dávila ha señalado que el Gobierno central y la ministra serán responsables de cualquier consecuencia si continúan con esta política de traslado, que considera contraria al interés superior de los menores.

Durante la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, las comunidades autónomas han aprobado repartir 13 millones de euros para la atención de los menores en su primera acogida: Canarias ha recibido 5 millones; Ceuta, 4,1 millones; Melilla, 2,7 millones; y Baleares 1,2 millones.

Esta partida se ha sumado a los fondos que ya se entregaron en septiembre y a la financiación ligada a la reforma del artículo 35.