La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros.
El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria, y ha anulado las liquidaciones y sanciones impuestas al considerar que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de tributar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Se trata de la última cuenta pendiente que tenía la artista en España, después de que este mismo mes un juzgado de Barcelona archivase la segunda causa penal que la cantante Shakira tenía abierta por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) al fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.
SATISFACCIÓN DE SHAKIRA Y SU EQUIPO LEGAL
Shakira y su equipo legal, encabezado por el socio director de Prada Tax Advisors, José Luis de Prada, expresaron en un comunicado su satisfacción con la decisión de la Audiencia Nacional.La cantante lamentó los "más de ocho años soportando un señalamiento brutal" a través de "campañas orquestadas" para destruir su reputación, y agradeció que "por fin la Audiencia Nacional haya puesto las cosas en su sitio".
"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", comentó.
27,4 MILLONES
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron este lunes que la devolución de Hacienda a Shakira quedaría en 27,4 millones, más intereses legales, frente a los 60 millones que determinó la sentencia de la Audiencia Nacional.
Los técnicos de Hacienda coincidieron con la Agencia Tributaria en estudiar previamente la sentencia para decidir si recurrir en casación al Tribunal Supremo, en concreto los hechos declarados probados por la sentencia sobre el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos en 2011 para evitar casos de apátridas fiscales.
Gestha precisó que los 27,4 millones proceden de la cuota de 22,1 millones y los intereses de demora, en torno a 5,3 millones de euros. A eso sumaría unos intereses legales de 6,843 millones de euros a fecha del 18 de mayo.
n concreto, la sentencia analiza de manera exclusiva el año 2011 y no la residencia en España de 2012 a 2014, ejercicios por los que fue condenada por delitos fiscales en el IRPF no declarado.
