Sánchez maniobra para renovar el Constitucional entre quejas del PP, Podemos, Ciudadanos y Vox

  • El grupo socialista presenta una proposición de ley para anula la reforma socialista anterior y permitir al CGPJ, caducado y en funciones, nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional 
Foto: TC |Vídeo: Telemadrid

La reforma legal impulsada en solitario por el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional ante el "bloqueo" del PP, ha sido ya rechazada por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que acusa a Pedro Sánchez de haber roto los "puentes" y ha provocado la queja de Podemos, que le reprocha que actúe "unilateralmente".

El grupo socialista ha presentado en el Congreso una proposición de ley para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se encuentre caducado y en funciones, nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional(TC) y desbloquear así la renovación de este órgano.

El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, dos de los cuales deben ser nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y otros dos por el Gobierno.

La interinidad del órgano de gobierno de los jueces le impide ahora mismo hacer nombramientos, precisamente por una ley aprobada también por el Gobierno socialista, lo que obliga ahora al Ejecutivo a impulsar esta contrarreforma.

Pedro Sánchez ha defendido la iniciativa para renovar el Tribunal Constitucional ante la "rebeldía constitucional" del PP que bloquea la renovación de ambas instituciones. A su juicio, en un momento "tan grave como el que vivimos" se hace imprescindible renovar la legitimidad de ambas instituciones para que dejen de ser un "rehén" del PP. "La voluntad del Gobierno es clara, hay que pasar de las buenas palabras a los buenos hechos", ha remarcado el jefe del Ejecutivo.

Le ha secundado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que considera que la reforma es "impecable" desde el punto de vista legal y se ha mostrado convencido de que habrá mayoría suficiente para aprobarla.

El Gobierno plantea una reforma legal para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional
El Gobierno plantea una reforma legal para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional
El Gobierno plantea una reforma legal para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional

El Gobierno plantea una reforma legal para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional

Debate que sí se ha generado en Unidas Podemos, que ha alertado de que el PSOE no ha pactado con su grupo esa proposición de ley y que es una "decisión unilateral" de los socialistas.

Críticas que llegan también desde el PP. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de intentar "controlar" el Constitucional y de "romper cualquier tipo de puente" en la negociación para renovar el Poder Judicial.

"El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el Consejo General del Poder Judicial, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial", ha denunciado.

El líder de la oposición ha criticado que el PSOE, que reformó el órgano de gobierno de los jueces para impedir que haga nombramientos cuando está en funciones, impulse ahora otra reforma para reponer al Consejo General del Poder Judicial "competencias que prácticamente le había hurtado".

También desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha denunciado que esta reforma pone en evidencia que el Gobierno quiere controlar todas las instituciones mientras que desde Ciudadanos el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, aseguró que su partido no apoyará la reforma exprés presentada por el PSOE que busca "garantizarse un Tribunal Constitucional afín" con una nueva "cacicada".

Desde las asociaciones judiciales, Jueces y Juezas para la Democracia dan la "bienvenida" a esta medida porque sirve para superar el "boicot" del PP a la renovación de las instituciones mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura arremete contra la actitud del Gobierno, que primero reforma una ley para impedir al CGPJ hacer nombramientos y ahora reforma esa misma ley para lo contrario.

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