Pozuelo alega que no se pidieron las licencias para cambiar de uso el centro de extranjeros

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha explicado que la orden de cierre del CREADE, el centro estatal de recepción de migrantes, se basa en incumplimientos de normas municipales y de la administración central.

El Gobierno de España recurrió a la justicia para evitar el precinto de esta instalación de recepción. El edificio, propiedad de la Seguridad Social, fue cedido al Ministerio de Migraciones para convertirse en centro de recepción temporal de refugiados que huyeron de la guerra de Ucrania.

Esta cesión, afirma el Ayuntamiento, no fue regularizada. En 2023, el inmueble pasó a ser centro de atención de solicitantes de asilo de todo el mundo. Tampoco se pidió licencia al consistorio, explica esta administración.

El Ejecutivo central niega que se esté dando una situación de hacinamiento y asegura que tan solo está ocupado al 17% de su capacidad.

En septiembre el ayuntamiento decretó el cierre del CREADE y se concedió un plazo de 4 meses para realojar a los residentes. El estado lo recurrió y ahora es el juzgado quien debe decidir si mantiene abierto ese centro sin licencia.