Perelló denuncia ante Felipe VI "la extraordinaria gravedad" de los ataques y presiones a los jueces

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha considerado de "extraordinaria gravedad" acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que "puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva" y que "compromete el Estado de derecho".

Perelló se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, ante las más altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, ha lamentado "las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", lo que supone "una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva".

"Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de derecho", ha advertido.

Perelló ha dicho que "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto".

Como era de prever, la presidenta del Poder Judicial ha hecho una defensa férrea de la independencia judicial ante los ataques a los jueces, que han generado un clima de alta tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, especialmente crítico con las resoluciones judiciales relacionadas con investigaciones que afectan al PSOE y al círculo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque las dos últimas relacionadas con la investigación judicial por la crisis migratoria en Ceuta y contra la decisión adoptada este martes por el Supremo respecto de los efectos electorales de la ley de nietos, un fallo contra el que el Gobierno ha salido en tromba.

Tajante contra las descalificaciones públicas para presionar a los jueces. En este sentido, Perelló ha reclamado "respeto y lealtad institucional" porque "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción", ya que "el juez ha de estar libre de influencias externas y mantenerse ajeno a los intereses de las partes y al resultado del litigio", esto es, "sin presiones directas ni indirectas".

Por eso, ha continuado, la lealtad institucional "no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho".

Resoluciones judiciales

En relación con las críticas a las resoluciones judiciales, ha aseverado que "pueden ser criticadas" ya que "las decisiones de los jueces y magistrados no están sustraídas al debate público" y de hecho "la crítica fundada contribuye a mejorar nuestra Justicia y, por eso, siempre será bienvenida, por severa que pueda ser".

Pero sí ha querido dejar claro que "quien acude a los tribunales no tiene derecho a una decisión favorable a sus pretensiones sino a una decisión fundada en derecho, adoptada con todas las garantías y debidamente motivada", con un sistema de recursos que puede corregir los errores de los jueces en la aplicación del Derecho.