Pedraz ubica la "trama" para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez
- El juez de la Audiencia Nacional apunta que las operaciones las habría liderado Cerdán y se habrían hecho "con cargo" al PSOE, tanto la financiación como la logística
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el "punto de inflexión" fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez atribuye un "papel superior" al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".
Unas actuaciones, agrega Pedraz, que son "penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno".
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El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, "pocos días después" de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, el presidente del Gobierno publicó la denominada como 'Carta a la Ciudadanía', en la que "se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión".
Según añade, "es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid" y que tuvo lugar el día 26. A esa reunión, cuya convocatoria el juez atribuye a Cerdán, asistieron el entonces dirigente del PSOE, Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el que era responsable de comunicación Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, según un mensaje intervenido y que el juez recoge en la resolución.
"Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada", señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que "además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías", tiene como "objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno".
Pedraz expone que "existen serios indicios incriminatorios que evidencian que, a través de Cerdán, en ese momento secretario de Organización del partido, con cargo al mismo se habría soportado la actividad investigada, tanto desde el punto de vista de su financiación, como de diversas cuestiones de índole logística".
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Además, Pedraz pone el foco en "pagos sin revelar el ordenante de los mismos" a través de sociedades de los investigados y con "el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes", también investigada y "quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez".
El juez sospecha que la supuesta trama habría ofrecido "a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales" una serie de "remuneraciones a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos", con la "premisa" de "atacar la correcta dirección de las investigaciones" en causas judiciales.
Al respecto, el instructor pone como ejemplo las "sucesivas denuncias infundadas" contra la magistrada instructora de la causa en la que está acusado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción o la UCO.
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Y señala que "se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores", donde Pedraz incluye también a Peinado.
"Para ello, Leire Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero" de Cerdán, "que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido", dice el juez.
El magistrado atribuye a Gaspar Zarrías la prestación de su sociedad "como vehículo para dichos pagos" desde su asesoría, igual que el letrado Ismael Oliver habría hecho con sus "sociedades".
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Según el auto, los hechos investigados tienen su inicio en los primeros meses del año 2024 y entiende que Cerdán y Díez mantenían una "relación previa", aludiendo a que ambos ya vendrían formando otra presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico"
