PP y Vox acusan a Bolaños de ocultar el papel de Marruecos en Ceuta y "claudicar" ante su "chantaje"

PP y Vox han acusado este jueves al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al Gobierno de España en general, de ocultar el papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta, han preguntado qué debe el Ejecutivo español al país vecino y han denunciado que está "claudicando" ante "el chantaje" de Rabat.

Durante la comparecencia del ministro ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y portavoz en la comisión, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de afrontar la crisis con "triunfalismo y una falta absoluta de autocrítica", tras haber dejado "abandonados" a los ceutíes mientras los ministros "se iban de vacaciones".

También ha rechazado que pueda considerarse un logro haber activado la declaración de situación de interés para la seguridad nacional esta misma semana, algo que ha calificado como "el absoluto fracaso de un Gobierno".

Gamarra ha explicado que lo sucedido los días 30 y 31 de julio fue una "invasión", aplicando la definición de la Real Academia Española de la Lengua con el significado de "ocupar anormal o irregularmente algo", y ha reprochado al Gobierno que evite utilizar este término para "no ofender al país vecino", al que ha acusado de consentir o alentar lo ocurrido.

"No están defendiendo nuestra integridad territorial ni nuestra soberanía cuando no llaman a las cosas por su nombre", ha afirmado la dirigente 'popular', quien ha preguntado al Ejecutivo por qué "calla" y "consiente" y por qué, pese a la información de la que disponía, no actuó.

Según ha enumerado, el Gobierno tenía información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pero no reforzó la frontera, aumentó las plantillas ni proporcionó más recursos.

En su réplica, Gamarra ha rechazado además la afirmación de que no existiera información "previa ni precisa de la magnitud" de lo que iba a ocurrir y ha señalado que la propia ministra de Defensa ha defendido y confirmado la existencia de avisos.

"No nos hagan creer que es que no se enteraron de nada", ha reclamado la portavoz, que también ha preguntado al ministro de Justicia qué papel desempeñará la Abogacía del Estado en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer lo ocurrido.

"¿Qué le deben ustedes a Marruecos? ¿A qué es a lo que ustedes le tienen miedo?", ha inquirido Gamarra, quien ha rechazado que lo ocurrido pueda explicarse como una movilización de personas a través de Facebook o TikTok y ha sostenido que se quiso poner en evidencia "la debilidad del Gobierno español". La parlamentaria 'popular' ha asegurado que Ceuta se ha convertido en "el agujero negro de las libertades y de los derechos fundamentales" en España y que 85.000 españoles "no viven libres en su ciudad" y se han "autoconfinado".

En su segunda intervención ha insistido en este punto y ha preguntado por el incremento de delitos, citando las declaraciones de un juez de instancia y asegurando que, frente a una media hasta el 1 de agosto de 2,25 agresiones sexuales al mes, en una semana se habían abierto nueve diligencias previas.

Gamarra ha criticado además que el Ejecutivo sea un Gobierno "en descomposición" en el que los ministros "se pegan entre ellos" y ha cuestionado que el denominado mando único recaiga en Ángel Víctor Torres, el ministro de Administraciones públicas.

También ha contrapuesto las palabras de Bolaños en este comisión hablando de control de la situación en Ceuta con un mensaje del titular de Transportes, Óscar Puente, del 1 de agosto en el que daba por resuelta la situación.

Finalmente, la diputada del PP ha reclamado "devolver la libertad a los ceutíes" y ha defendido el "retorno y la devolución" a Marruecos de quienes permanecen en Ceuta.

Y ha preguntado a Bolaños si considera a Marruecos "un país seguro" y ha apuntado que, si lo es, los menores deben volver con sus familias o quedar bajo el amparo de los servicios sociales marroquíes, previa existencia de un convenio de colaboración.