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Con abucheos y gritos de dimisión ha sido recibido el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska a su llegada a Calatayud. Marlaska acudía a la inauguración de una nueva comisaría y se ha encontrado con las protestas del sindicato policial Jupol y la plataforma Jusapol. En ese acto, el ministro ha hecho referencia a lo sucedido en Barbate con el asesinato de dos guardias civiles. El ministro del interior confirma que la investigación sigue su curso y que nadie quedará impune.

Una veintena de miembros de organizaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha concentrado este lunes frente a la nueva comisaría de Calatayud (Zaragoza), que ha inaugurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sido recibido con gritos pidiendo su "dimisión" y la "equiparación" con policías autonómicas, así como que se les reconozca como profesión de riesgo.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del SUP en Aragón, Víctor Manuel Rodríguez, ha reclamado la equiparación salarial con las policías autonómicas y el reconocimiento como profesión de riesgo, indicando que "puede haber alguna tan de riesgo como la nuestra, como bombero, pero no más". "Está en la mano del ministro, pero no quiere escucharnos ni sentarse con nosotros", ha continuado Rodríguez, para quien Grande-Marlaska "está enrocado en su posición". "Pedimos lo que es de justicia", ha zanjado.

En un comunicado, JUPOL ha justificado la protesta frente a la nueva comisaría por "los desprecios, las mentiras y la desprotección" de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La falta de capacidad del ministro ha costado dos vidas humanas a dos guardias civiles en Barbate, por lo que no puede estar ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior", ha sostenido Ibón Domínguez.

En declaraciones a la prensa, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que ya ha dado la orden a la Secretaría de Estado de Seguridad para crear un grupo de trabajo que estudie la demanda de policías y guardias civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo, lo que conllevaría "ahondar" en mejoras en casos de jubilación anticipada, después de la subida salarial que ha cifrado en el 38 por ciento desde que asumió la cartera en 2018.

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Asimismo, Grande-Marlaska aseguró este lunes que el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON Sur) de la Guardia Civil, que fue disuelto en 2022, era un medio “absolutamente temporal” para luchar contra este tipo de delincuencia y aludió a los problemas judiciales que tenía esta unidad.

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El titular de Interior fue preguntado por los periodistas por las críticas que está recibiendo por la disolución en 2022 de OCON Sur. Asociaciones de guardias civiles relacionan esta decisión con el envalentonamiento de los narcotráficos en Cádiz y el asesinato el 8 de febrero en Barbate de dos agentes al ser arrollada su zódiac por una 'narcolancha'.

Sobre el fin de OCON Sur, el ministro señaló que este órgano tenía “un carácter absolutamente temporal” para combatir el narcotráfico, al tiempo que apuntó que los 150 agentes que lo integraban fueron “reubicados” en unidades de Policía Judicial.

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Al mismo tiempo, aludió a que respecto a esta unidad que “tiene procedimientos judiciales abiertos” y cuyo alcance se está determinando en los tribunales.

También aludió a que “responsables operativos” de las Fuerzas de Seguridad son los encargados de determinar “cuál es el medio más adecuado” para combatir las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada.

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Asimismo, mencionó que, tras la disolución de OCON Sur en 2022, hubo un “mayor número de incautaciones” de droga en 2023, por lo que no habría caído la eficacia contra este tipo de criminalidad.

Respecto a que guardias civiles y policías nacionales demanden ser considerados profesionales de riesgo, indicó que esto afecta a las pensiones que reciben los profesionales que se jubilan de forma anticipada.

Apuntó que la petición de que mejoren las pensiones de los agentes estatales es “respaldada” por Interior y que por ello se ha creado un “grupo de trabajo” en la Secretaría de Estado de Seguridad para analizar la cuestión en detalle.