Madrid recurre al Supremo el decreto que prorroga el reparto "forzoso" de menores inmigrantes

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, con el que el Gobierno central pretende prorrogar el traslado "forzoso" de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite, según ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Con este Real Decreto, el Ministerio de Juventud e Infancia fijó para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, manteniendo el reparto obligatorio iniciado en 2025.

Este sistema se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, entre ellas, Madrid.

Con la encomienda conocida este miércoles, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid mantiene un total de seis actuaciones judiciales para frenar distintas decisiones del Gobierno central en materia migratoria divididas en cuatro bloques relacionados entre sí.

El consejero de Presidencia ha subrayado, en rueda de prensa, que los menores "no han llegado por generación espontánea" a la Península sino porque "los traído el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha criticado que con su actuación esté "perjudicando" a las comunidades autónomas del PP pero mientras busque "beneficiar a Cataluña y País Vasco".

"Estamos dando todas las batallas para defender el interés general, para defender el interés de los madrileños y para exigirle al Gobierno que haga su trabajo, que controle las fronteras y, desde luego, que ponga freno a este caos migratorio que está viviendo nuestro país", ha enfatizado.

OTRO RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL

Por un lado, la Abogacía General ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025 y ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, por considerar que este sistema "invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social".

Además, cuestiona que se haya utilizado un Real Decreto-ley para regular determinadas materias.

El Ejecutivo autonómico también ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que fijan el número de menores extranjeros no acompañados que deben poder atender los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo regional cuestiona que el Ministerio de Juventud e Infancia establezca esta capacidad aplicando el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, cuya constitucionalidad también ha impugnado.