Madrid pide una ley para proteger a las víctimas de delitos violentos

El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha pedido este martes al legislador y al Gobierno un esfuerzo para elaborar una ley integral que proteja a las víctimas más vulnerables de delitos violentos con repercusión mediática, para evitar su revictimización.

López ha presidido la segunda reunión del Observatorio de Víctimas del Delito, en la que se ha abordado este asunto y se ha prestado una especial atención a los casos en los que se ven implicados menores de edad o personas vulnerables.

El encuentro ha contado con la participación de un panel de expertos y con el testimonio de Patricia Ramírez, la madre del Gabriel Cruz, el niño de 8 años que fue asesinado en Almería en febrero de 2018, un caso que conmocionó a la sociedad española. "La valentía de Patricia Ramírez debe ser un ejemplo para todos", ha señalado el consejero.

López ha llamado al legislador y al Gobierno a tomarse "muy en serio" la necesidad de contar con una ley integral de protección de las víctimas de delitos violentos con repercusión mediática, al tiempo que ha instado a los medios de comunicación y a la sociedad en general a no banalizar este tipo de situaciones tan dramáticas y contribuir a que las víctimas se sientan reconfortadas.

Tras apelar a la responsabilidad en el tratamiento mediático de estos casos, el consejero ha subrayado que "la mejor forma de trabajar con las víctimas es entenderlas, ayudarlas y no revictimizarlas".

"El derecho a la información no puede colisionar con el derecho a la intimidad ni con la dignidad de las víctimas y sus familias", ha argumentado López, quien ha añadido que en el Ejecutivo regional "somos conscientes del importante papel que los medios de comunicación desarrollan en una sociedad democrática, y de la enorme responsabilidad social de los profesionales".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid creó en junio de 2020 el Observatorio de Víctimas del Delito, un órgano de carácter consultivo con el objetivo de proteger a todas las víctimas en general y, en particular, a las del terrorismo, las de delitos de odio y hechos violentos, así como los colectivos vulnerables como las víctimas menores de edad.

La pandemia impidió la reunión de este órgano con una mayor regularidad para analizar todas las medidas que puedan contribuir a luchar por la dignidad y la reparación de las víctimas.

La red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid (OAVD) prestó durante el año 2020 atención jurídica y psicosocial a 3.851 personas. Nueve de cada diez fueron mujeres, y 191 eran a su vez menores de edad. En cuanto a los 342 hombres, 114 no habían cumplido aún la mayoría de edad.

La OAVD ha prestado asistencia a afectados por algunos de los acontecimientos que más presencia mediática han atraído, entre ellos el de la joven que fue víctima de una violación grupal en las fiestas de San Fermín en julio de 2016, el conocido caso de La Manada; el del violador de Ciudad Lineal; o los menores que sufrieron abusos sexuales en el denominado caso Valdeluz.