El Ayuntamiento de Madrid deja la vía administrativa y opta por la vía penal elevando a la Fiscalía a una docena de locales, en principio, por un delito de insolvencia punible después de años de acumular multas, sanciones y quejas, incluso órdenes de cierre, por exceso de ruido o de aforo pero que "tretas administrativas y jurídicas" impedían que se ejecutara.
Lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, que ha explicado que el expediente de cada local --una docena en principio aunque hay un "número de locales que se encuentran en una situación similar"-- llegará a la Fiscalía con el correspondiente informe de la Policía Municipal, de Medio Ambiente y de la Agencia Tributaria y que después será la Fiscalía la que decidirá si existe caso para continuar con la tramitación.
El Consistorio se personará como acusación particular.
El Gobierno pretende ganar en agilidad y en tiempos al pasar de la vía administrativa a la penal.
