La suerte de Begoña Gómez estará en manos de 9 ciudadanos elegidos al azar para componer el jurado popular
- El caso tiene su origen en las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez al empresario Juan Carlos Barrabés
El futuro judicial de Begoña Gómez estará en manos de nueve ciudadanos anónimos, los componentes del jurado popular. Serán elegidos al azar entre un listado con candidatos preseleccionados. Tienen nacionalidad española, están empadronados en Madrid y ninguno de ellos podrá ser experto en Derecho o juez de profesión.
El nombre de cada uno de los componentes del Tribunal será secreto hasta que empiece el juicio con el fin de evitar presiones e influencias.
Falta conocer cuándo será la fecha del juicio que sentará a la esposa de Pedro Sánchez en el banquillo tras más de dos años de instrucción.
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El caso tiene su origen en las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez al empresario Juan Carlos Barrabés.
Hace más de dos años un juez, Juan Carlos Peinado, por entonces desconocido, imputa a la esposa del presidente del Gobierno.
A medida que la instrucción avanza se descubren más presuntos hechos delictivos.
Begoña Gómez dirigía una catedra en la Universidad Complutense, sin los estudios habituales para ello y tras reuniones con la dirección universitaria en el Palacio de la Moncloa.
Una catedra financiada con miles de euros de grandes compañías.
A todo esto, los investigadores descubren un detalle más. Un software la Universidad que Begoña Gómez inscribe a su propio nombre.
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Detrás de las gestiones estaba Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. Por ayudar a Begoña Gómez en sus negocios personales desde su trabajo en Presidencia terminó imputada.
En este caso hemos visto a la esposa del presidente acudiendo varias veces a los juzgados de plaza de Castilla, siempre entrando por el garaje y la insólita imagen de un juez entrando al Palacio de La Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno.
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En este caso han salido también caras conocidas de la galaxia socialista, como Víctor de Aldama y Juan José Hidalgo, el exceo de Air Europa, compañía rescatada por el Gobierno, que quedó fuera de la investigación.
