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Las solicitudes de regularización de inmigrantes han provocado un caos administrativo. Superan en más del doble la previsión del Gobierno, de las quinientas mil estimadas a una realidad que llega al millón trescientas mil peticiones. El trámite provoca una avalancha administrativa que obliga al gobierno a reforzar el sistema, que cuenta sólo con medio centenar de funcionarios para atender ese volumen enorme.

Los sindicatos denuncian que 400 mil inmigrantes llegados de otros países europeos podrían haberse "colado" en las solicitudes de regularización. Los extravíos de pasaportes han aumentado en más de un 60 por ciento respecto al año anterior, coincidiendo con la fecha de la regularización.

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La resolución de un millón trescientos mil expedientes corre a cargo de 50 funcionarios, según CSIF. Un trabajo inviable para el que el gobierno ha pedido voluntarios en un proceso ya saturado de por sí. La falta de personal, avisan, podría desembocar en denegaciones masivas por silencio administrativo.

El ejecutivo niega que el proceso desate un efecto llamada. También las ongs, como Cáritas, advierten de la tardanza excesiva en las tramitaciones, por lo que piden agilidad al Gobierno.