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La Asociación de Fiscales (AF) (la mayoritaria en la carrera fiscal) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han dirigido este lunes al Gobierno a través de sendos escritos donde le advierten de que la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, por parte del fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, fue nula porque no cumplió el trámite legal.

La AF ha enviado directamente una carta a la titular de Justicia, Pilar Llop, donde la insta a no trasladar al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de Delgado o, en caso de haberlo hecho ya, transmitir también al Ejecutivo esta información "a fin de que no acuerde el citado nombramiento, por concurrir causa de nulidad de pleno derecho".

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Además, advierte de que, si finalmente el Gobierno decide seguir adelante con el nombramiento de Delgado, "la resolución del Consejo de Ministros puede ser impugnada, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria (...) y, eventualmente, ante jurisdicción constitucional, sin perjuicio del resto de acciones que se consideren procedentes".

Por su parte, la APIF ha dirigido un escrito al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para advertirle, en su calidad de secretario del Consejo de Ministros, de "la mencionada incidencia en el Consejo Fiscal". "Sin duda alguna, determinará la existencia de litigación jurisdiccional tanto sobre la nulidad o no de la propuesta, así como --tal vez-- de otro tipo de responsabilidades", apunta.

La AF explica, en un argumento que recoge también APIF, que la propuesta de nombramiento de Delgado no ha cumplido con el trámite establecido legalmente porque debe contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Fiscal, y siete de los once miembros que debían emitirlo no lo hicieron "por causa justificada".

Esa "causa justificada", aduce AF, es que sus seis vocales y el de la APIF pidieron a García Ortiz que suspendiera el Pleno al entender que, "una vez disueltas las Cortes Generales y convocadas las elecciones generales, razones de ética, estética y respeto institucional impedían llevar a cabo nombramientos discrecionales".

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Sin embargo, el Pleno se celebró el pasado jueves y esos siete vocales plantearon la necesidad de que la Inspección Fiscal estudiara si Delgado incurría en una "causa de incompatibilidad" por su relación con el ex juez Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos, FIGBAR. Esta petición también fue rechazada, por lo que los miembros de AF y APIF optaron por no participar ni en el debate ni en la votación sobre esa plaza.