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La huelga general convocada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre no contará con el respaldo de buena parte de las organizaciones sindicales españolas. CSIF, USO y Fetico han anunciado que no secundarán el paro, al considerar que la convocatoria incorpora connotaciones políticas y que su proximidad a las elecciones generales del 29 de noviembre genera dudas sobre su finalidad.

Los sindicatos convocantes defienden la movilización como una respuesta a la crisis de acceso a la vivienda y a la necesidad de garantizar salarios suficientes para poder hacer frente a su coste. CCOO y UGT han acordado una huelga general de 24 horas después de las movilizaciones impulsadas por organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas.

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Sin embargo, las centrales que se desmarcan de la convocatoria cuestionan tanto sus motivos como a quién va dirigida. CSIF, sindicato mayoritario entre los empleados públicos, sostiene que la proximidad de la huelga a las elecciones introduce un componente político que no encaja con su modelo de sindicalismo independiente. El sindicato ha reclamado, en su lugar, un Pacto de Estado ante el problema de la vivienda.

USO tampoco participará en el paro. La organización argumenta que, con el Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto, no existe un destinatario institucional claro de las reivindicaciones. El sindicato defiende trasladar sus propuestas sobre empleo, salarios y vivienda a todas las formaciones que concurran a las elecciones del 29 de noviembre.

Desde Fetico comparten las críticas a la convocatoria. Su secretario general, Antonio Pérez, cuestiona que se haya planteado una huelga general en un contexto electoral y considera que los motivos de la movilización no se han explicado con suficiente claridad.

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En esta línea, el presidente de Valorian, Miguel Venegas, considera que la convocatoria llega después de años de pérdida de poder adquisitivo y sostiene que la independencia sindical debe ser también política y financiera.

Otro de los argumentos esgrimidos por las organizaciones que no secundan el paro es la financiación pública de las organizaciones sindicales. Según las cifras citadas por estos sindicatos, CCOO y UGT habrían recibido alrededor de 110 millones de euros en financiación pública desde 2018.

El Ministerio de Trabajo ha establecido para 2026 una convocatoria de subvenciones destinadas a organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, con una cuantía máxima de 32 millones de euros. Estas ayudas están destinadas a actividades de carácter sindical y pueden solicitarlas las organizaciones que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.

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Las críticas también llegan desde las organizaciones empresariales. CEOE y Cepyme se han mostrado contrarias a la convocatoria, al considerar que las reivindicaciones sobre vivienda no corresponden exclusivamente al ámbito laboral. Desde ATA, su presidente, Lorenzo Amor, ha calificado de "totalmente inoportuna" una huelga que se celebra en las horas previas al inicio de la campaña electoral.

La huelga del 11 de noviembre será la primera convocatoria conjunta de CCOO y UGT en 14 años. Ambos sindicatos defienden que el problema de la vivienda tiene una dimensión directamente laboral, ya que el coste de los alquileres y de la vivienda condiciona la capacidad de los trabajadores para aceptar empleos y mantener un nivel de vida adecuado.

La convocatoria se produce además en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, una circunstancia que ha alimentado el debate entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre el carácter de la movilización.