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La que fuera responsable de comunicación de Carlos Mazón ha reconocido ante la jueza de Catarroja que desconocía el paradero del expresidente valenciano la tarde del 29 de octubre de 2024, en plena emergencia por la dana.

Durante su declaración en la causa que investiga la gestión de aquel episodio, Maite Gómez ha asegurado que creía que el entonces presidente ya estaba informado de la situación, aunque no supo concretar dónde se encontraba en ese momento.

Además, ha admitido que en los días posteriores a la dana trasladaron a la opinión pública los movimientos realizados por Mazón aquel día basándose más en "suposiciones" y en lo que consideraban "lógico" que en datos confirmados.

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Según ha explicado ante la magistrada, las informaciones difundidas sobre los pasos dados por el expresidente el 29 de octubre se construyeron no tanto a partir de certezas, sino de interpretaciones internas.

La declaración se enmarca en la investigación judicial abierta para esclarecer la gestión de la dana y las decisiones adoptadas durante aquella jornada.

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La instrucción de la dana, en el aire

Media docena de afectados por la dana aseguran por escrito que el marido de la magistrada instructora les tomó declaración porque ella estaba "hasta arriba de trabajo". Ese testimonio ha abierto un nuevo frente judicial que pone en riesgo más de un año de investigación sobre la mayor catástrofe civil registrada en décadas.

El abogado de estas seis familias, Rubén Gisbert, ha solicitado la nulidad de la instrucción que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra y reclama además su recusación inmediata por presuntas irregularidades. Entre ellas, la participación de su esposo, el magistrado Jorge Martínez, titular de otro juzgado en Valencia.

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Según el escrito presentado, esa intervención "compromete la imparcialidad y la independencia judicial". Las víctimas sostienen que Martínez tomó declaración a varios perjudicados ante la carga de trabajo que soportaba la instructora.

Audios y mensajes que apuntalan la petición

A los audios ya publicados por 'OkDiario' se suman ahora mensajes de WhatsApp de testigos que, según la defensa, confirman la intervención del magistrado, marido de la titular del juzgado de Catarroja.

Tras decenas de comparecencias celebradas en el juzgado durante más de un año, parte de los afectados considera que la actuación de un segundo juez en la fase de instrucción debería invalidar todo el procedimiento.

Fundamentos legales y antecedentes

Gisbert invoca el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a los jueces a abstenerse cuando concurren causas de interés familiar. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prohíbe expresamente que otro juez pueda colaborar con el instructor.

El Consejo General del Poder Judicial ya rechazó anteriormente las quejas presentadas por la exconsejera imputada Salomé Pradas y por el sindicato Manos Limpias. Por su parte, la jueza Ruiz Tobarra calificó aquellas críticas de "machistas" y ha vuelto a solicitar amparo al órgano de gobierno de los jueces ante los nuevos ataques a su instrucción.

La posible nulidad del procedimiento podría dar un vuelco a una investigación clave para esclarecer las responsabilidades de la tragedia.