La defensa del matrimonio de 'la casa de los horrores' de Oviedo: "fue un aislamiento voluntario"

La defensa del matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda situada a las afueras de Oviedo alega que no existió una detención ilegal de los menores, sino que fue un aislamiento voluntario por parte de unos padres por el "miedo insuperable" que sentían al haber estado enfermos de coronavirus.

Así lo ha dicho Javier Muñoz, uno de los abogados defensores del matrimonio, a la entrada de la segunda y última sesión del juicio que se celebra desde ayer a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo y en la que prestarán testimonio los progenitores.

La defensa del matrimonio ha rechazado que se aplique la "etiqueta estigmatizante" de 'La casa de los horrores', como fue bautizada por los medios de comunicación, porque esa situación "no existe". "Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal", ha apuntado el abogado tras señalar que se trata de una familia extranjera que "no conoce el idioma" y que "decide autoconfinarse" y educar a sus hijos en casa.

Según el abogado de la madre, los padres crearon una "célula en la que vivieron aislados", si bien no ha habido "ningún tipo de detención" ilegal de los menores, dado que estos tenían la libertad de deambular por el hogar.

Ello fue consecuencia de un "miedo insuperable e irracional" de los padres tras haberse contagiado de covid y "de haber estado enfermos durante bastante tiempo", por lo que "no pudieron regularizar su situación en España".

La defensa ha señalado que los tres niños estaba aseados y "no presentaban malformaciones" y que el hogar "no estaba en la situación que se ha pintado", con zonas "perfectamente ordenadas" y otras en la que había "mucha acumulación de enseres", lo que no supone un delito.

Piden 25 años de prisión

La defensa pide la absolución del matrimonio y la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Gobierno asturiano, solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un "miedo infundado a un hipotético contagio" y durante todo ese tiempo no fueron escolarizados ni tuvieron seguimiento sanitario alguno.

Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano, que contaba diez y que ahora viven bajo la tutela del Gobierno asturiano, estuvieron aislados de forma absoluta del mundo ya que, siempre según la versión del ministerio público, se les negó todo contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación.

No responden a un perfil de maltrato

Los tres niños que permanecieron cuatro años encerrados en una casa a las afueras de Oviedo no responden a un perfil de maltratados, echan de menos a sus padres, han mejorado mucho, juegan y se comportan como otros chicos de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están "en camino de recuperación social y personal".

Según los letrados de la defensa, así lo ha asegurado el médico forense designado por el juzgado ante el tribunal, en el proceso a puerta cerrada a los padres -un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense- que mantuvieron encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025 a sus tres hijos: dos gemelos que tenían entonces ocho años y su hermano mayor, de diez.

"No hay ningún maltrato psíquico"

Tanto el médico-forense que examinó a los padres y los niños como el presentado por la defensa han coincidido en que "no hay ningún maltrato psíquico", aunque sí "cierta afectación de la capacidad volitiva" de los padres, y en que los niños les echan de menos, han subrayado los letrados.

Educadores de los centros en los que se encuentran ingresados los niños también han prestado declaración en un juicio que estaba previsto que acabara este miércoles, pero que concluirá este jueves con los testimonios de la psicóloga que exploró a los niños inicialmente y de los progenitores, que lo harán antes de los alegatos finales de defensa y acusación.

La Fiscalía y la acusación particular piden 25 años y cuatro meses de prisión para cada progenitor y la retirada de la patria potestad y la suspensión de cualquier régimen de visitas durante ocho años por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.