Vídeo: EFE | Foto:Telemadrid
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La Corte Penal Internacional (CPI), distinguida hoy con el Premio Sajarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo, nació en 2002 con el objetivo de juzgar a personas, no a Estados, por genocidio y crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión.

La Corte, con sede en La Haya (Países Bajos), que solo interviene cuando la justicia nacional no puede o no quiere investigar y procesar estos graves delitos, ha emitido en los últimos años órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin (2023); el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa Yoav Gallant, (2024); altos responsables talibanes (2025); o el expresidente filipino Rodrigo Duterte (2026).

Estas actuaciones han reforzado la relevancia de la CPI, pero han provocado el aumento de las presiones sobre ella, la resistencia de las grandes potencias y la respuesta directa de algunos países, en particular Estados Unidos, que ha sancionado a la Corte en varias ocasiones, todas ellas durante los mandatos de Donald Trump. La última sanción norteamericana llegó el pasado 9 de octubre, tras ser galardonada con el Nobel de la paz una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.