La Comunidad de Madrid recurre ante el Supremo el plan estatal de vivienda por vulnerar sus competencias

La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central al considerar que vulnera sus competencias en esta materia y limita su capacidad de gestión.

Según un comunicado emitido este martes por el Ejecutivo autonómico, el recurso, presentado por la Abogacía General regional, señala que la norma incrementa "de forma significativa" las obligaciones financieras exigidas a las comunidades autónomas para desarrollar las medidas previstas en el programa estatal.

"Entre los fundamentos de la reclamación figura el dictamen del Consejo de Estado, que advierte de que la obligación de cofinanciación impuesta por el Gobierno central podría suponer una injerencia excesiva en la autonomía financiera de las regiones, al restringir su capacidad para decidir el destino de sus propios recursos presupuestarios", señala la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Ejecutivo madrileño considera que la ley traslada una carga económica adicional a las administraciones autonómicas sin que haya existido una negociación efectiva sobre el contenido del plan ni sobre las condiciones de financiación.

Denuncia también la falta de diálogo institucional durante la elaboración del texto y critica que la versión definitiva fuera aprobada por el Consejo de Ministros sin haber sido previamente consensuada con los gobiernos regionales.

Esta forma de proceder, apunta, "dificulta la planificación de las actuaciones y retrasa la puesta en marcha de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda".

Madrid también rechaza aspectos como la obligación de establecer un régimen de protección permanente para determinadas viviendas beneficiarias de ayudas públicas.

"Esta exigencia excede las competencias estatales", ha aseverado el Gobierno autonómico, para quien este punto podría generar "inseguridad jurídica" y retrasaría la ejecución de los programas previstos.

Del mismo modo, el recurso sostiene que el Plan Estatal de Vivienda reduce la capacidad de adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada región al imponer programas homogéneos y criterios uniformes para todo el país.

En esa línea, aduce que los gobiernos autonómicos deben disponer de margen suficiente para priorizar aquellas actuaciones que mejor respondan a su realidad social, económica y demográfica.

Rechaza igualmente que la transferencia de fondos estatales quede condicionada al cumplimiento de determinadas obligaciones relacionadas con la publicidad institucional, el intercambio de información administrativa o la organización de actos públicos, al considerar que estos requisitos son ajenos a la finalidad del plan y pueden suponer una "utilización partidista" de recursos destinados a políticas de vivienda