La Comunidad de Madrid estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma universitaria del Gobierno

El portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha dicho este miércoles que la Comunidad de Madrid está estudiando "en profundidad" el texto de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para ver si hay aspectos que pudieran ir "más allá de lo que dice la Constitución" y, en tal caso, recurrirlos ante el Tribunal Constitucional.

Como ya adelantó Díaz Ayuso este martes, al Ejecutivo madrileño no le han gustado "nada" determinados aspectos de esta ley, lo que le hará saber al Gobierno en la próxima Mesa Sectorial de Universidades del 31 de mayo, ha indicado Ossorio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El consejero ha enumerado varios de estos aspectos, en materia de financiación, la posibilidad de elevarla en las comunidades con lenguas cooficiales, o el crecimiento del gasto universitario del 1 por ciento del PIB, lo que en Madrid supondría duplicar la inversión de los 1.000 millones de euros actuales a los 2.200, pero sin saber "de dónde va a salir ese dinero".

También ha señalado el consejero que la LOSU "incrementa la politización" de las universidades, reduce el grado de excelencia de los docentes y "no soluciona los problemas actuales de la universidad", es contraria al "pensamiento libre y al fomento de la investigación" y da una "excesiva participación a los estudiantes".

A su juicio, la esta ley también "legitima" los paros académicos y que no haya exámenes mientras duren los mismos lo que es "un despropósito y ataca a la cultura del esfuerzo", rebaja los requisitos para ser rector, y plantea convenios con las comunidades para que sean las que acrediten a los docentes, lo que continúa en la "línea de establecer diferencias entre comunidades".

Según explicó el pasado lunes el ministro de Universidades, Joan Subirats, alguno de los objetivos de esta reforma, que pretende sentar las bases de la universidad para los próximos veinte años, son europeizar e internacionalizar el sistema universitario español, aumentar la financiación de las universidades públicas y dar más voz a los estudiantes.