La Audiencia Nacional abre un juicio contra Iberdrola por el incremento de la luz
- La Fiscalía solicita 2 años de prisión para cuatro directivos y 85 millones de euros para la compañía
La Audiencia Nacional ha acordado un juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos por incrementar el precio de la luz. La Fiscalía pide 2 años de prisión para los directivos y, para la compañía eléctrica una multa de casi 85 millones de euros.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se debe a que ha considerado que en la compañía en 2013 "ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía" con la finalidad de "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores".
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En un auto de este lunes 11 de julio el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, envía al banquillo a la compañía y a sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En concreto, el juez detalla que, "para conseguir" un "mayor precio en el mercado eléctrico", aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.
Y lo hicieron, añade, "a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad". "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía", recalca el juez.
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Esa decisión fue adoptada, sostiene, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía, Angel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.
Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión y para la compañía eléctrica una pena de multa de casi 85 millones de euros (el cuádruple del beneficio obtenido).
Iberdrola, por su parte, ha respondido afirmando que siempre ha actuado como un operador prudente y negando cualquier prejuicio a sus clientes.
