Iustitia Europa se querella contra todo el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a Plus Ultra
- El partido político acusa a los entonces integrantes del Ejecutivo de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias
El partido político Iustitia Europa ha interpuesto una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los 23 miembros del Consejo de Ministros que el 9 de marzo de 2021 aprobaron el rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra. Se acusa a los entonces integrantes del Ejecutivo de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Según el escrito de querella, presentado este jueves y al que ha tenido acceso Servimedia, la acción penal se fundamentó en los indicios contenidos en el auto del juez José Luis Calama que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La acción judicial, dirigida por el letrado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo Rodríguez, apunta nominalmente contra los integrantes del Gobierno presidido por Pedro Sánchez en aquella sesión de marzo de 2021, entre ellos las vicepresidentas Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera, y los ministros Yolanda Díaz, Margarita Robles o José Luis Escrivá.
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La ayuda autorizada por el Ejecutivo para Plus Ultra, de 53 millones de euros, se canalizó mediante un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), gestionado por la SEPI y dotado con 10.000 millones para empresas afectadas por la pandemia de la covid-19.
La formación querellante sostiene que el rescate constituyó el "eslabón final" de una operativa orquestada por una trama liderada presuntamente por Zapatero y denominada internamente "boutique financiera" por alguno de los investigados. El escrito asegura que la resolución del Consejo de Ministros en favor de Plus Ultra no fue "el fruto de un error, sino de una indiciaria decisión arbitraria adoptada con conocimiento de la falta de requisitos".
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El escrito subraya que esta aerolínea incumplía los requisitos de elegibilidad del Real Decreto-ley 25/2020, al encontrarse en situación de crisis e insolvencia a 31 de diciembre de 2019. El informe pericial citado por la querella determinó que la aerolínea "ya llevaba un año en causa de disolución con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar" antes de la pandemia.
