Finaliza el registro de la UCO en la sede y la factoría de Tubos Reunidos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han finalizado sobre las seis y media de esta tarde el registro de la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, que se ha prolongado más de diez horas y se ha llevado a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez'.

Además del registro de las oficinas corporativas de la empresa en Bilbao, de donde los agentes de la UCO se han llevado varias cajas con documentación, también se ha efectuado un registro en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, que, en este caso, ha durado una media hora escasa.

En el caso de la sede de Tubos Reunidos en Bilbao, media docena de agentes de la UCO se han personado sobre las ocho de la mañana de este jueves y han prolongado el registro hasta las seis y media de la tarde, en el marco de un discreto dispositivo policial.

Según han explicado fuentes cercanas a la empresa, está "colaborando en todo" con los investigadores. Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, las diligencias están encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. No hay previsto que se practiquen detenciones.

Estas fuentes han apuntado que los agentes de la UCO también tienen orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tubos, SEPI y Servinabar

La empresa Tubos Reunidos fue una de las señaladas en diciembre de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar y cercano a Santos Cerdán.

En aquel momento, los arrestos se enmarcaban en una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntos amaños en contratos de la SEPI supuestamente impulsados por Díez, Fernández y Alonso, que habrían formado un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok' para conseguir decisiones favorables a sus intereses en cinco licitaciones.

Una de ellas era, según el magistrado Antonio Piña, la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, en el que se habría detectado la "intermediación" del grupo formado por Díez, Fernández y Alonso para que se otorgara esta ayuda, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".

Hacienda garantiza colaboración

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha garantizado hoy una colaboración "total" de la SEPI en las investigaciones que está emprendiendo la UCO en este caso.

"No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso ilícito en ningún caso", ha dicho España durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde el PP le ha preguntado por el requerimiento de información que ha hecho la UCO en la sede de la SEPI.

En ese escenario, el ministro España ha garantizado que la colaboración de la sociedad estatal adscrita a Hacienda será "absoluta" con la justicia.

"Esa es la instrucción que tienen y eso es como la están ejerciendo desde hace tiempo ya y también conmigo al frente del Ministerio", ha subrayado España.