Embargan la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos)

Los acreedores afectados por el impago del recorte retroactivo de las primas a las renovables aseguran haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.

Según apuntan en un comunicado, los acreedores consideran haber tomado "posesión efectiva" de la sede del organismo cultural en Utrecht, que aseguran que está valorado en 10 millones de euros, y colocaron brevemente durante el pasado viernes carteles en la fachada en los que se puede leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo.

Pese a esta versión de los acreedores, el edificio continúa este lunes operando como sede efectiva del Cervantes y su actividad prosigue sin alteraciones, según pudo constatar EFE y confirmaron fuentes del centro. Las mismas fuentes señalaron que los citados carteles fueron colgados unilateralmente por los acreedores y retirados momentos después.

En la misma línea, el Instituto Cervantes emitió un comunicado este lunes donde afirmó que "en ningún momento el fondo buitre Blasket Renewable Investments ha tomado posesión del inmueble", y confirmó que la actividad tanto académica como cultural "sigue con total normalidad".

Los acreedores, por su parte, afirman que "se avanza en el proceso" de recuperación de activos impulsado ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones de pago reconocidas en diversas resoluciones arbitrales y judiciales internacionales. La misma parte asegura que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública, algo que niegan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalan que España ha iniciado un procedimiento para obtener una resolución judicial que obligue al bailiff - una figura del derecho holandés similar a un agente judicial o un procurador- a levantar el embargo trabado, dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea.