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El fiscal del Tribunal de Cuentas ve indicios de malversación en contratos financiados por fondos europeos que fueron adjudicados y validados por ADIF con la empresa OPR relacionado con la trama de José Luis Ábalos.

El fiscal ha solicitado llevar el caso a una sala que podría obligar a altos cargos de la época, a devolver de su bolsillo el dinero público malversado.

Según informe el diario 'El Mundo', el fiscal Martín Granizo, ha trasladado el caso a la sección del Tribunal de Cuentas que puede exigir que altos cargos de la época devuelvan el dinero malversado.

Se cuestionan dos contratos financiados por fondos europeos con OPR uno de 21 millones de euros cuando presidía ADIF Isabel Pardo de Vera, y otro de 65 millones cuando era ministra Raquel Sánchez.

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Cuando estalló el caso Koldo, Adif revisó los contratos, pero archivó las investigaciones.

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El actual Ministerio de Transportes de Oscar Puente ha adjudicado este año 2025 a la misma empresa OPR obras por más de dos millones de euros.

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El Gobierno entiende que no hay nada que investigar en esa adjudicación.