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Tras publicarse su cese, el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González pasa automáticamente a la jubilación sin ningún expediente y lo hace con un sobresueldo del 20% gracias a las dos medallas al mérito policial con distintivo rojo que le concedieron. Cada una conlleva un incremento vitalicio del 10% en su pensión mensual de retiro. JUPOL ha pedido que se le retiren esas dos condecoraciones pensionadas al ex DAO.

Por el contrario, la víctima de su supuesta agresión sexual que denunció los hechos, obtuvo un ascenso dos meses después de la violación y fue recolocada en un nuevo destino: entre las 30 ubicaciones posibles, los mandos policiales decidieron destinarla en el mismo edificio de su presunto violador.

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La agente que acusa de agresión sexual con penetración al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, siguió el procedimiento interno reglado para pedir destino en el Área de Gestión de los Servicios Centrales, tras su ascenso a inspectora y su periodo de prácticas, motivo por el que pasó de la Comisaría Local de Coslada (Madrid) a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

La víctima comunicó su baja por un problema de salud mental en julio de 2025, el primer día destinada en la Subdirección de Recursos Humanos que dirige la comisaria Gemma Barroso, actual DAO interina, según consta en la querella.

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La agresión sexual ocurrió presuntamente tres meses antes, el 23 de abril, en el domicilio oficial del querellado.

El escrito de la denuncia añade que recibió una llamada desde el despacho del DAO --unida a otras tantas llamadas anteriores presionándola-- y que la Subdirección ocupa el mismo edificio en Madrid que la Dirección Adjunta Operativa.

Abogado de la víctima del DAO: "Los audios son la prueba más importante pero no la única"

El abogado de la policía que ha denunciado la agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha puesto en contacto con él y le ha trasladado el apoyo a la víctima. También lo hizo este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien se ofreció a hablar con ella.

El abogado Piedrafita también ha señalado que ha quedado abierto un "canal de comunicación con el Ministerio para cualquier cosa que necesite la víctima".

Piedrafita ha afirmado que su defendida se vio ayer con Barroso y ésta le asignó una escolta, lo que ha propiciado que la presunta víctima se sienta un poco más segura.

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El letrado que este viernes aportó las grabaciones, los mensajes y los informes médicos, ha señalado que, al margen de la grabación de 40 minutos en la que se refleja la agresión sexual, el resto de pruebas por sí solas sustentaría la acusación.

Ha hecho la petición a la jueza de que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional quien analice la veracidad de los audios, ya que la actual cúpula de la Policía ha sido nombrada por el DAO que ha dimitido y no saben "hasta dónde llegan sus tentáculos".

La víctima del ex DAO de la Policía grabó en un audio los 40 minutos que duraron los hechos denunciados

El letrado ha dicho también estar recibiendo presiones pero ha advertido de que llegará hasta el final.

Incluso ha apuntado que podría presentar otras demandas ya que otra mujer policía le ha trasladado que denunció "acoso laboral sexual" de otro Comisario de la cúpula policial.

Sobre esta cuestión, ha desvelado que cuando esta otra policía denunció internamente la presunta agresión, el afectado fue informado inmediatamente y "ésta quedó a su merced". "Estos señores se creían por encima del bien y del mal", ha exclamado el letrado.

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José Ángel González ya fue investigado a finales de los años noventa, después de protagonizar una reyerta en un club de alterne de Valladolid en la que llegó a sacar su arma reglamentaria según 'The Objective'. El episodio terminó con la declaración en comisaría de los implicados, pero no tuvo consecuencias disciplinarias por la intervención de altos responsables policiales.

Los sindicatos policiales se manifiestan el lunes para exigir responsabilidades políticas y la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska.