El Tribunal Supremo rechaza excarcelar a Koldo García, que esperará su sentencia en prisión

El Tribunal Supremo ha rechazado la última petición de excarcelación del exasesor Koldo García, que esperará en prisión provisional, junto al exministro José Luis Ábalos, la sentencia que debe determinar si amañaron contratos de mascarillas con el comisionista Víctor de Aldama a cambio de mordidas.

La defensa de Koldo García aprovechó su informe final en el juicio que acabó la semana pasada para pedir la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga desde el pasado mes de noviembre, junto al exministro de Transportes.

El tribunal que ha juzgado a ambos y al empresario Víctor de Aldama ha dictado este lunes un auto en el que acuerda mantener a Koldo García en prisión, en sintonía con el criterio que expusieron en el juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares coordinadas por el PP.

La razón es que los magistrados creen que no ha cambiado su situación y no ha desaparecido el riesgo de fuga que motivó la encarcelación de Koldo García y José Luis Ábalos. "No se advierte por esta Sala ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga", sostiene el Supremo en un escueto auto de tres páginas.

Y añade: "Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa".

Para oponerse a la petición de libertad el último día del juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares incidieron en que el riesgo de fuga por el que Koldo García y Ábalos están en prisión persiste, sobre todo cuando ha finalizado la vista oral y entienden que se han afianzado los indicios en su contra.

Ambos fueron juzgados junto al empresario Víctor de Aldama por una presunta trama de amaño de contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por dos organismos dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de supuestas comisiones.

El fiscal pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, aunque la acusación popular que coordina el PP eleva su solicitud para ambos a 30 años. Aldama, que accedió a colaborar mientras estaba en prisión preventiva por un fraude en hidrocarburos por el que continúa investigado en la Audiencia Nacional, afronta un mejor horizonte procesal: está actualmente en libertad, la Fiscalía pide 7 años para él, y la acusación popular en torno a 5 y apoya la posibilidad de que no ingrese en la cárcel.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha aplazado la declaración como investigado del empresario Víctor de Aldama al 21 de mayo sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

El empresario estaba citado este jueves junto con Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en calidad de investigados, pero Moreno ha trasladado la declaración de Aldama a la semana siguiente, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, una vez "verificada la agenda de señalamientos" de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.

Dicho informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se "ceñirá a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada durante el último mes por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.

Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario