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El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, el alto tribunal ha adelantado el fallo de la sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

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Las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo disienten de la decisión de sus compañeros, y han anunciado votos particulares a la sentencia, lo que ha hecho que sea el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien asuma la ponencia de la sentencia.

Una resolución que, según ha adelantado el Supremo, impone también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio.

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A falta de conocer los argumentos, según ha podido saber Telemadrid, todo indicaría que la nota informativa que elaboró la fiscalía fue el hecho dominante que ha motivado la sentencia contra Álvaro García Ortiz.

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Cinco de los siete magistrados han considerado que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados".

El fallo se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.

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La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.