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El Tribunal Supremo ha dado un plazo de tres días a las acusaciones para que se pronuncien sobre las peticiones de libertad hechas por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que han pedido salir de prisión para preparar con sus letrados el juicio de mascarillas.

El tribunal que juzgará este caso a partir del 7 de abril ha adoptado una providencia, fechada a 10 de marzo, en la que fija dicho plazo "improrrogable" para que a partir de la notificación el Ministerio Fiscal y la acusación popular unificada formulen sus alegaciones.

El exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, así como quien fuese su asesor, enviaron sendos escritos al Supremo en los que pedían su puesta en libertad para preparar el juicio, con objetivo de asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" y alegando "inexistencia de riesgo de fuga".

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La defensa del exasesor ministerial, Koldo García solicitó además que se garantizase el acceso de Koldo García a medios informáticos en el centro penitenciario o reuniones técnicas a diario con su abogada, algo a lo que la Sala no se opone "sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse por la dirección del centro penitenciario" o por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

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Por otra parte, en otra providencia, la Sala ha ofrecido a las empresas públicas Ineco y Tragsatec que puedan emprender acciones como perjudicadas del delito de malversación, como pidió la Fiscalía.

El juicio comenzará el 7 de abril a las 10 horas y concluirá, según lo previsto, el día 30 de ese mismo mes, cuando se practique la prueba documental y las partes presenten sus informes finales, y se extenderá durante 13 sesiones.

Por el Salón de Plenos del Supremo pasarán más de 75 testigos en este juicio, comenzando el primer día con el hijo del exministro, el hermano de Koldo, socios de Aldama y Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada.