El Gobierno vuelve a ver derrotado su 'escudo social' y la moratoria antidesahucios

El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.

El decreto -que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.

También ha logrado prosperar el decreto que establece ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Por el contrario, el pleno del Congreso ha rechazado, con los votos de PP, VOX y Junts, el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia, una norma que pretendía que ninguna empresa pueda "hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía", según aseguraba el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.