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El decreto en materia de vivienda que el Gobierno quiere aprobar en septiembre aspira a intervenir en los procesos de compraventa de vivienda de fondos de inversión y priorizar al Estado como comprador cuando uno de estos grandes propietarios decida poner en venta un parque de viviendas. De este modo el Estado tendría un papel esencial para adquirir los paquetes de vivienda de este tipo de prioritarios.

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El objetivo es que Casa 47, la entidad estatal de vivienda, tenga derecho de tanteo y retracto cuando multipropietarios realicen ventas conjuntas con contratos de alquiler en vigor. Esta medida no llega en un momento cualquiera, pues algunos de los principales fondos de inversión con vivienda de alquiler en España se han lanzado a desinvertir en sus carteras, como ha ocurrido recientemente con la venta de 5.000 pisos de alquiler a un fondo canadiense.

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Los esfuerzos van encaminados hacia la compra de vivienda a particulares y fondos para colocarlas en el mercado a un precio asequible. El ministerio de Vivienda insiste en esta vía para añadir más alquileres baratos al mercado.

La iniciativa, que supondría modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aparece planteada en el borrador que PSOE y Sumar acordaron en julio y que ahora mismo está en proceso de negociación con otras formaciones políticas.