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Tras la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a la mujer del presidente del gobierno por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, el gobierno mantiene su posición inamovible y sigue cargando contra el instructor.

Defienden que Begoña Gómez sufre un "escarnio público insoportable", en palabras de la portavoz del Ejecutivo. Y lo hace advirtiendo a las nueve personas que formen parte del jurado, que sólo serán ecuánimes si declaran la inocencia de la esposa de Pedro Sánchez.

Entre las críticas del Gobierno a la decisión del juez Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, cuestiona especialmente que sea un jurado popular quien juzgue a la mujer del presidente.

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Los miembros del jurado aún están por designar, pero el gobierno y sus socios ponen en duda si sus miembros acudirán sin ideas preconcebidas contra Begoña Gómez. La figura del jurado se introdujo en España durante el Gobierno de Felipe González y ha intervenido en casos como los de Diana Quer o Francisco Camps.

El PSOE defendía la necesidad de hacer partícipes a los ciudadanos en la administración de justicia. Tres décadas de un jurado popular responsable de sentencias como la de 'El chicle', o la de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del pequeño Gabriel.