El Fiscal ahonda en el pacto "cerrado y privilegiado" de las mascarillas mientras la acusación popular censura que la trama se lucró con la covid

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera "posible" y "admisible" rebajar aún más la posible condena al "corruptor" Víctor de Aldama por su confesión en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, aunque él ha decidido mantener su petición inicial para el empresario, 7 años de cárcel.

En su informe final en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y este empresario por presunta corrupción en contratos de mascarillas, Luzón ha defendido que todo lo que ha contado Aldama en relación a los hechos que juzgan se ha visto "plenamente corroborado" por otras pruebas. "Hay otras cosas que dice que no sabemos, a día de hoy, si son ciertas o abiertamente inciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto", ha subrayado el fiscal.

Luzón anunció el lunes que mantenía su petición inicial de 7 años de cárcel a Aldama al no apreciar como "muy cualificada" la atenuante de confesión para él, pero en la jornada de hoy ha considerado "posible" concederle dicha atenuante, como pide la acusación popular que coordina el PP, o solicitar una mayor rebaja, como hace su defensa.

Luzón ha querido dejar claro que la rebaja de la pena a un acusado que colabora con la Justicia y se autoincrimina está "absolutamente" asumida, también a nivel internacional, y es una "necesidad" para averiguar los delitos de corrupción, y ha aseverado: "Si de verdad queremos combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar a quienes salen de ellas y denuncian".

El fiscal jefe de Anticorrupción ha resaltado el acuerdo "cerrado y privilegiado" que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tenía con el comisionista Víctor de Aldama para que los contratos de mascarillas en la pandemia fueran adjudicados a Soluciones de Gestión, como propuso el empresario.

Luzón: "Esa corrupción política organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervirtieron poniéndolas a su servicio"

Para el fiscal, en todo el proceso de contratación del material sanitario en el Ministerio era "garantizar el máximo beneficio" de Aldama, una persona, que según Luzón, estaba empotrado en Transportes. Tiene claro que en la decisión de contratar con esa empresa "no hubo imparcialidad ni objetividad", porque se le adjudicó de "forma arbitraria". Y tampoco acusa de malversación por que el precio por mascarilla que ofrecía Soluciones de Gestión era adecuado dada la disparidad que había en ese momento.

No obstante, el Ministerio que dirigía Ábalos "se cerró a nuevas ofertas o no las tomó en consideración, porque había un acuerdo cerrado y privilegiado con Aldama". "No hay rastro de ninguna otra oferta y si las hubo, fueron directas a la papelera", ha enfatizado.

Durante la exposición de su informe, Luzón se ha referido al "aumento significativo" de los ingresos de Ábalos y de su exasesor, si bien ha reconocido la dificultad para probar algunas partidas de efectivo.

Alejandro Luzón, ha justificado su solicitud de penas "graves" al exministro de Transportes José Luis Ábalos por haber formado parte de una corrupción política "organizada" que "está carcomiendo el sistema democrático".

Luzón ha reiterado su petición de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama. Penas "graves, pues graves son las conductas que se les atribuye o imputan".

"Es mucho más que eso, es la certeza de que con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervirtieron poniéndolas a su servicio", ha enfatizado Luzón. Y ha ido más lejos: la corrupción política "está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla".

Alberto Durán: "Aldama detecta oportunidades de negocio, Koldo hace el trabajo de campo y gestiones, y Ábalos hace lo más grande, es el que se encarga de abrir el camino a todos los demás"

Por su parte el abogado de la acusación popular Alberto Durán ha recalcado la gravedad de las actuaciones corruptas que se juzgan practicadas por una trama que, según ha subrayado, se lucró con la enfermedad en la pandemia de la covid.

Alberto Durán, letrado del PP que coordina a las acusaciones populares, ha expuesto su informe final en la sesión, en una intervención en la que ha asegurado que la organización criminal integrada por Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama -los tres acusados- se aprovechó del poder político para hacer negocio. "No es la primera (organización) ni será la última que lo hace", pero "sí es la primera vez en una situación gravísima, la de la covid-19", ha añadido. Porque, según ha señalado, mientras miles de personas morían, ellos "se lucraban", y mientras la sociedad estaba confinada, ellos "falsificaban pases de movilidad, llenaban furgonetas y coches oficiales de señoritas o 'sobrinas', colocaban a sus amantes o buscaban residencias vacacionales para que el señor ministro se relajara".

Se ha referido a Aldama y ha relatado que el comisionista se introdujo en el Ministerio de Transportes en el último trimestre de 2018, donde "no iba de visita" porque "es empresario" y su propósito es "corromper". "No sabemos que hacía en el Ministerio, pero estaba allí". "Se movía como pez en el agua" y eso "levantó ciertas alarmas", ha dicho el abogado, quien ha situado en México la primera "mordida" o "atenciones de Aldama" hacia los otros dos con el pago de una fiesta con señoritas.

El abogado de la acusación popular ha hecho un repaso de todos los hechos que se enjuician, como el pago de una casa para la expareja del exministro Jéssica Rodríguez. Ábalos "no ha explicado por qué un tercero, un empresario, pagaba los gastos de su novia", ha manifestado el letrado, quien pese a insistir en que las acusaciones han sido respetuosas con la vida privada del exministro y no han "aireado" un pieza de la causa "absolutamente escandalosa", ha ofrecido algún detalle que remitía a aspectos personales de Ábalos.

Sobre los contratos de mascarillas que se juzgan y por los que se pagaron mordidas, el abogado ha asegurado que Aldama tenía información privilegiada y vio una oportunidad de negocio "absolutamente inigualable", más de 6 millones de euros. "El ministro no se contentó con poner un piso a su querida, había que contentarla con su contratación en empresas publicas", ha comentado también el abogado antes de calificarlo como "un enchufe", porque, además, "no es normal que la presidenta de Adif tenga que recibir un currículum de un ministro para enchufar nada menos que a su querida".

La acusación popular considera la trama una organización criminal, porque la tarea concertada y coordinada con reparto de contenidos "se cumple". Y lo ha explicado así: "Aldama detecta oportunidades de negocio, Koldo hace el trabajo de campo y gestiones, y Ábalos hace lo más grande, es el que se encarga de abrir el camino a todos los demás, es el ministro más importante y el secretario de Organización del PSOE. Tiene una influencia absolutamente innegable".

Según Durán, esta organización criminal "extiende sus tentáculos" después del cese del ministro, eh julio de 2021, hasta 2022, cuando siguieron recibiendo ingresos de Aldama.