El Consejo de ministros aprueba el Estatuto del Becario

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Estatuto del Becario, un anteproyecto de ley destinado a regular las prácticas formativas no laborales y a proteger a estudiantes en prácticas ante situaciones de precariedad y abuso.

La aprobación gubernamental supone un paso clave antes de su envío al Congreso de los Diputados, donde se iniciará su tramitación parlamentaria y todavía no está garantizada su aprobación definitiva.

La nueva norma incluye varias novedades importantes respecto a la situación actual de las prácticas estudiantiles en España.

Entre las medidas más destacadas figura la limitación de las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, la obligación de que las empresas compensen los gastos en que incurra el estudiante —como transporte, manutención y alojamiento— y la formalización por escrito de todos los periodos de formación en empresas e instituciones.

Aunque la norma no obliga a pagar un salario a los becarios, sí introduce derechos básicos como vacaciones y acceso a servicios comunes de la empresa durante las prácticas, además de establecer sanciones más duras para las compañías que incumplan las condiciones, que pueden llegar hasta 225.000 euros en casos graves.

El Estatuto del Becario también busca combatir el fraude laboral conocido como “falsos becarios”, en el que estudiantes realizan tareas propias de trabajadores sin contrato ni retribución, lo que ha sido señalado como un problema persistente en España por sindicatos y organismos laborales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida como una “reforma laboral para la gente joven” que introduce derechos y garantías que hasta ahora no estaban recogidos de forma clara en la legislación.

Sin embargo, sectores como la patronal empresarial y parte de la comunidad universitaria han expresado reservas o críticas por algunos aspectos del texto, y varios grupos políticos ya han avanzado que podrían oponerse a su aprobación en el Congreso.

Con la aprobación gubernamental, el texto inicia ahora su recorrido parlamentario, en el que se debatirán enmiendas y posibles modificaciones antes de que pueda convertirse en ley.